Según el presidente de Puertos del Estado, Josep Llorca, que ayer visitó los muelles de Vila en compañía del presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella, este documento está «muy avanzado» y la orden ministerial se podría firmar «en las próximas semanas», dando luz verde a las inversiones previstas.
Según recordó, el puerto de Ibiza ha recibido más de 160 millones de euros en los últimos quince años y, de los cinco puertos de Interés General que gestiona la APB, es el que está viviendo una remodelación más profunda. Para este año, señaló, hay previstas inversiones por valor de más de cinco millones de euros.
Durante el recorrido, Llorca aseguró que los puertos «están al servicio de la actividad económica del territorio» donde se encuentran «pero son las entidades locales, autonómicas y estatales» las que deben determinar, en consenso, «el modelo económico» de un territorio concreto.
Apertura
«Nosotros estamos comprometidos con la apertura del puerto hacia la ciudad e Ibiza es un buen ejemplo de ello», señaló Llorca, que durante su visita a Ibiza observó las obras de es Martell y de la dársena de Levante –a cargo de la empresa concesionaria Sovren– destinada a megayates. En este sentido, Llorca garantizó que los trabajos se paralizarán el 31 de mayo, hayan finalizado o no las obras, para respetar los acuerdos del Ayuntamiento de Vila.
El presidente de Puertos del Estado se pronunció a favor de explotar en «régimen de concesión» tanto la estación marítima de Formentera como la de es Botafoc. Sobre el futuro paseo marítimo que recorrerá todo el perímetro del puerto, dijo estar «seguro» de que «se llevará a término». «Es un reto que se ha de hacer, que está programado y que está asegurado financieramente», añadió. También explicó que se está actuando en «concertación» con el Ayuntamiento en todo el proceso de remodelación portuaria, aunque lanzó un mensaje al alcalde Rafel Ruiz –con quien se reunión tras la visita al puerto– sobre los límites competenciales: «Las entidades locales tienen que entender que los puertos son infraestructuras de titularidad estatal y que tenemos la obligación de entendernos. Los planes de ordenación no pueden entrar en zona portuaria, por tanto los ayuntamientos tienen límites. Si no hay acuerdo decidiría el consejo de ministros, por lo que se deben llegar a acuerdos de forma obligada».
Asimismo, se mostró «contrario a cualquier tipo de restricción del mercado» en referencia a los usos comerciales que tendrán las terminales marítimas y a la preocupación expresada por el comercio local frente a eventuales competidores.
Llorca reconoció las dificultades para alcanzar un consenso respecto a es Martell y la estación marítima de Formentera en Ibiza y dejó un segundo recado dirigido para el propio Ruiz y para Jaume Ferrer, presidente del Consell de la pitiusa menor: «Como suelo decir, dos llegan a unas decisiones que tiene que firmar un tercero, en este caso yo».
1 comentario
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Tiene gracia la frase: "ya solo dependen de la firma del Ministerio". ¡ Casi nada !. Lo cierto es que pueden pasar décadas.