La Audiencia avala la instrucción de la causa contra 84 controladores por el cierre del tráfico aéreo en Balears

En este auto, la Audiencia confirma la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma en la que se acordó la continuación de diligencias previas a procedimiento abreviado, contra 84 controladores aéreos. Este auto llega una semana después de que este mismo juzgado dictase la apertura del juicio oral por este caso.

El juez instructor considera en su resolución que existen indicios suficientes para que los hechos ocurridos en los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza en diciembre de 2010 puedan ser constitutivos de un delito de sedición.

La Audiencia apunta que conforme a la doctrina emanada por el Tribunal Supremo «el sobreseimiento de las actuaciones en esta fase intermedia constituye una decisión residual, de modo tal que operará la apertura de juicio oral cuando desde luego de modo inobjetable no proceda el sobreseimiento y que en supuestos de imputaciones dudosas la regla general es que las dudas han de resolverse en el acto de juicio oral».

Por otra parte, el tribunal destaca que los hechos investigados son complejos y que «es criticable la atribución genérica que el auto recurrido hace, sin referencia por nombres y apellidos, a cada uno de los controladores investigados, pues admite y reconoce que su papel no fue el mismo.

Pero, también resalta que a priori y, según el planteamiento del auto, podría haberse cometido un delito de sedición o de huelga ilegal a cargo de funcionarios públicos que parte como presupuesto de la participación de una colectividad de sujetos».

Cabe recordar que el juzgado instructor decretó inicialmente el archivo provisional de la causa pero la Audiencia Provincial estimó los recursos de apelación del Ministerio Fiscal y la acusación particular y ordenó la práctica de nuevas diligencias, lo que supuso reapertura de la causa.

Los hechos investigados sucedieron en diciembre de 2010, cuando durante el puente de la Constitución los controladores investigados no trabajaron (o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia) presentando escritos en los que alegaban no estar en condiciones psicofísicas para desarrollarlo.

Según el auto, tenían la intención de paralizar el tráfico aéreo sin tener en cuenta la repercusiones que ello tendría. Su actuación provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el cierre de sectores aéreos, al no estar los controladores en sus puestos de trabajo.

Finalmente se declaró un RATE, cierre del tráfico aéreo, el 3 de diciembre por la tarde. El Gobierno decretó el estado de alarma el día 4 y el tráfico se reanudó unas horas después.