Investigan al explotador de cinco locales en Ibiza por estafa y alquiler ilegal como pisos ‘patera'

Estos bajos comerciales se explotan de forma ilícita por el propietario, el apoderado y otros intermediarios causando molestias a los vecinos y provocando inseguridad ciudadana en la zona. Sus explotadores incurren desde hace varios años en diferentes infracciones urbanísticas y de actividad turística, además de fraudes a la Agencia Tributaria, incluso en presunta estafa y coacciones, tal y como investigan la Policía Nacional, el Ayuntamiento de Vila y el Consell d'Eivissa. Se trata, por tanto, de una muestra más de los abusos que se cometen en materia de vivienda en Ibiza.

Los inmuebles, provistos de 10 habitaciones y siete baños sobre una superficie de 340 metros cuadrados, carecen de cédula de habitabilidad, pero no solo se han alquilado a turistas sino que se están comercializado a través de diferentes portales inmobiliarios para su venta. De hecho, todavía piden por estas cinco infraviviendas 730.000 euros. El anuncio se encuentra en la página web de la inmobiliaria Adaix, donde se aprecia cómo una de estas estancias reconvertidas conecta directamente con el garaje de la finca situada sobre los bajos comerciales. Además, en el anuncio se especifica que el inmueble «no se puede vender por separado», y que es «adecuado para hostal, B & B (bed and breakfast) o similar».

El departamento de Turisme del Consell d'Eivissa ha interpuesto varias denuncias al explotador turístico por ofrecer un servicio de estancia turística sin autorización. El Consell está tramitando la correspondiente sanción, una vez constatados los hechos, y al tratarse de una actividad «ilegalizable» por realizarse en unos bajos comerciales la sanción puede alcanzar un máximo de 40.000 euros.

En paralelo, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vila abrió a principios de año un expediente de paralización del uso del suelo de este establecimiento. Al no cumplirlo, en febrero se firmó un decreto de precinto de la actividad, pero el propietario presentó alegaciones que actualmente está acabando de estudiar el departamento jurídico del Consistorio. En caso de que se denieguen, sostienen fuentes municipales, se impondrán sanciones coercitivas y, en paralelo, una sanción por infracción urbanística que puede incluir el precinto del local.

Sobre el cambio de usos de establecimiento comercial a vivienda, desde el Ayuntamiento sospechan que se trate de una modificación urbanística irregular ya que se realizó a través de una notaría ubicada en Muro de Alcoy (provincia de Alicante). Es precisamente este documento el que ha presentado el propietario al Ayuntamiento como defensa.

Actualmente, al menos uno de estos pisos ‘patera' se sigue alquilando por días a turistas. El pasado 1 de mayo la Policía Nacional acudió al inmueble después de que se presentase el apoderado y otras dos personas de complexión corpulenta con intención de echar a una familia italiana alojada, que decían haber pagado unos 17.000 euros en concepto de alquiler anual. Al parecer, la gestión de dichos estudios ha cambiado de intermediarios, y éstos nuevos tienen sus propios clientes y no querían a los heredados del anterior intermediario. Todo ello ocurrió un día después de que alguien cortara el agua a esta familia como forma de intimidación. Los vecinos creen que ha podido ser el propietario del local o el apoderado ya que ambos poseen llaves de la entrada principal a la finca.

La Policía, tras tomar declaración a las partes, ha tramitado al juzgado la denuncia por presuntas coacciones.
La comunidad de propietarios que reside encima de estos locales se ha decidido a denunciar los hechos por actividad ilegal y estafa inmobiliaria, además de informar a la Agencia Tributaria sobre el fraude fiscal que todavía hoy se comete en dichos bajos comerciales.