Los otros tres puntos fueron rechazados por el Ejecutivo progresista. Dos de ellos «invaden competencias que son del Govern balear» y el tercero pedía la retirada de la Ley de Urbanismo, a lo que se opusieron las formaciones progresistas. En representación del PSOE, el presidente de la máxima institución insular, Vicent Torres, calificó la moción de los populares de «oportunista» ya que se presenta «tras el anuncio de un plan importante para dotar de vivienda a través de los ayuntamientos».
La vicepresidenta y consellera d'Habitatge, Viviana de Sans, recordó que con los 7 millones de euros se comprarán viviendas «no sólo a bancos», ya que se hará a través una licitación abierta. «No vamos a seguir su línea de pelotazos urbanísticos. Nos extraña que vengan con propuestas cuando ustedes cerraron el Ibavi», espetó la portavoz de Podemos a la bancada popular.
La réplica no se hizo esperar. Carmen Domínguez aseguró que su grupo «siempre intentar hacer una oposición constructiva». «Ya nos hubiese gustado a nosotros tener la situación [económica] que tienen ustedes. No teníamos dinero para pagar la luz, ¿cómo vamos a hacer ningún tipo de inversión? Si nos veíamos negros para pagar la luz, las nóminas y los servicios de esta casa de como había quedado con la izquierda en 2011», interpeló la consellera popular.
Más acuerdos
El pleno hizo una declaración institucional para instar a Ports de Balears a que respete la decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni para que se le considere «puerto libre de mercancías». Los tres grupos acordaron pedir al Govern que se consolide el puerto portmanyí como «un puerto esencialmente deportivo, pesquero, lúdico y turístico libre de transporte de mercancías, haciendo posible compatibilizar allí el tráfico exclusivo de pasajeros y la llegada de cruceros, siempre que no se hayan de realizar nuevas instalaciones o ampliar las existentes (salvo boyas de fondeo en caso de que fuera necesario)».
También se acordó, con los votos en contra del PP, solicitar al Govern que lleve a cabo una catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas e instar a los ayuntamientos a que adapten sus autorizaciones de temporada y concesiones a las condiciones legales de ocupación máxima (10% en playas naturales y 50% en urbanas). Según denunció el conseller Miquel Vericad, los ibicencos «han perdido el derecho a disfrutar de las playas» en las que proliferan, según enumeró, «camas balinesas, VIPs con reservados, seguridad y deejays».
1 comentario
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Pues deberían ir marcando ese 10 por cien de ocupación de las playas para que los concesionarios no se pasen y vigilancia y abrir expedientes a los incumplidores para garantizar el disfrute a todos los ciudadanos, y prohibir el chumba chumba de la música, el único ruido las olas en la arena y los niños/as disfrutando de la arena/agua de la playa.