Sa Penya: en coma un año después

Los días 25 y 26 de abril de 2016, un fuerte dispositivo policial acordonaba los accesos a las calles Alt y Retir para desalojar a las personas que vivían hasta entonces en un bloque de viviendas de propiedad municipal ocupadas durante años de manera ilegal por una veintena de familias.

Empezaba así el año cero de un barrio degradado desde hace décadas a raíz de convertirse en el mayor supermercado de la isla para la venta de drogas. El objetivo de los desalojos era que sa Penya volviera a ser un barrio más de la ciudad pero lo cierto es que, un año después, sus calles siguen estando prácticamente desiertas. La única presencia es la de los vecinos, que miran de reojo a todos los visitantes ajenos al barrio y algunos drogadictos que siguen deambulando en busca de su dosis diaria.

Sobre la situación actual de las personas desalojadas hace un año, los más afortunados han encontrado un alquiler en la isla o han conseguido un hueco en casa de familiares.

Los desalojados

Entre las historias que se cuentan en el barrio, encontramos la de un antiguo vecino de la UA27, un señor de 77 años con Alzheimer, que ha tenido que ser ingresado en la residencia de Cas Serres ante la imposibilidad de vivir en la minúscula casa de su hija en sa Penya que ya comparte con sus hijas y sus nietos.

Las tres familias que aceptaron la vivienda social que les ofreció el Ayuntamiento en Mallorca tampoco han echado raíces en sus nuevos hogares. Una de ellas decidió irse a vivir a la península pero las otras dos tienen dificultades para mantenerse en tierras mallorquinas.

Anastasio García, una de las personas que aceptó la vivienda social en sa Pobla (Mallorca) a cambio de un alquiler de 153 euros al mes durante un año, vuelve a estar en sa Penya. Asegura que, en todo este tiempo, no ha encontrado trabajo y denuncia que ha recibido una orden para abandonar el piso. Sin embargo, la resolución que le ha enviado el Ayuntamiento afirma que ninguna de las familias habían pagado los importes correspondientes, que habían causado molestias al vecindario y que tenían «falta de motivación» a la hora de seguir los planes de trabajo con los servicios sociales.

Pendiente también de lo que dicten los tribunales está Amparo Cortés, su marido y sus tres hijas menores de edad, desalojados también el año pasado. Todos continúan viviendo en la casa municipal de la calle Vista Alegre que ocuparon el pasado mes de noviembre y que ahora el Ayuntamiento les obliga a abandonar. Para tratar de evitarlo, su abogado ha presentado un recurso en el que reclama la adjudicación de una vivienda de emergencia social a cambio de «una renta mensual proporcional a sus ingresos».

Vecinos policías

La vivienda que ocupan es una de las seis que Vila tiene en el barrio y que hace unas semanas el alcalde, Rafa Ruiz, ofreció a la delegación del Gobierno en Balears para alojar a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en la isla y con problemas para encontrar un alquiler.

Desde el Consistorio aseguran que, en estos momentos, se está preparando toda la documentación para cerrar el convenio de cesión de unas viviendas que, aunque están en buen estado, necesitan unas pequeñas obras de reparación y reforma que las llevarían a cabo las brigadas municipales.

A la espera de que se cierre el convenio, las viviendas siguen tapiadas y vacías. Mientras tanto, Amparo Cortés denuncia que el Ayuntamiento le ha cortado el agua como medida de coacción y califica lo ocurrido en el último año como «operación de limpieza de los gitanos».

Una opinión que comparten parte de los vecinos que siguen viviendo en un barrio que continúa estando en condiciones tercermundistas, ya que, aparte de algunas actuaciones puntuales de limpieza y pintura en la plaza des Sitis y el Mirador Broner, nada más se ha hecho en el último año.

A corto plazo, el único proyecto es instalar un cristal en el centro artesanal de sa Pedrera para cerrar el tragaluz que hay en el centro y permitir que se puedan llevar a cabo actividades durante todo el año y no solo en verano.

Un año después de los desalojos, el equipo de gobierno municipal sigue esperando el momento más adecuado para poder llevar a cabo una actuación integral en sa Penya, que sigue en un profundo letargo a la espera de resucitar en un futuro como un barrio donde cualquier ciudadano pueda vivir y caminar con normalidad.

EL DETALLE

Los planes a largo plazo para recuperar sa Penya como barrio

La construcción de once viviendas de alquiler social en la antigua UA27 de sa Penya, rodeada todavía de un alto muro de hormigón, constituye el proyecto estrella del Ayuntamiento de Eivissa para rehabilitar y revitalizar el barrio.

El proyecto básico, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros, fue realizado por técnicos del Govern balear y ya ha recibido luz verde tanto del Ayuntamiento como del Consell. En estos momentos se está redactando el proyecto ejecutivo aunque todavía no hay fecha del inicio de las obras.

En paralelo a este proyecto, el Consistorio planea llevar a cabo la urbanización de Alt y Retir, las calles que rodearán el futuro edificio, donde se instalarán redes de separativas y pluviales, iluminación y soterramiento de tendidos eléctricos, así como la preinstalación del gas para volver a pavimentar toda la zona.