Los diputados del PSOE, Podemos y Més, Enric Casanova, Aitor Morrás y David Abril, respectivamente, ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta para exponer las conclusiones que se extraen del informe que han elaborado para la comisión que ha llevado a cabo la investigación sobre el proceso de contratación, ejecución y gestión de la concesión de las autopistas de Ibiza. Una actuación en la que, según avisan los tres diputados, se han detectado «una gran cantidad de irregularidades administrativas durante todas las fases del proceso de diseño, planificación, contratación, ejecución y gestión del proyecto», así como determinadas prácticas que podrían calificarse de «presunta corrupción» que conllevan a «indicios de presuntos delitos» por parte de los responsables políticos del PP desde los inicios del proyecto en 2004 hasta la pasada legislatura.
Por ello, los representantes de los tres grupos políticos manifestaron su intención de elevar estos hechos a la Fiscalía anticorrupción y del magistrado de la Audiencia Nacional encargado de investigar la financiación ilegal del PP de Madrid, dadas «las conexiones e irregularidades descubiertas entre ambos casos», ya que la discrecionalidad con la que se administraba el dinero de las obras permitía «esquivar» fácilmente los controles públicos por parte de las empresas constructoras a través de facturas para gastos de publicidad, «una práctica en consonancia con otros casos de presunta corrupción en la financiación irregular del PP que están siendo investigados en el caso de la Trama Púnica».
Casanova, Morrás y Abril insistieron en que el informe resalta, además, «las mentiras y contradicciones que se han detectado entre los comparecientes» que podrían abrir nuevas vías de investigación adicionales y susceptibles de ser judicializadas.
A este respecto, los diputados de las tres fuerzas políticas que comparecieron ayer hicieron hincapié en que el documento cita, entre una larga lista, al ex director de carreteras del Govern balear, Carlos Jover, la ex consellera de Obras Públicas del Consell d'Eivissa Ibiza, Stella Matutes, la también ex consellera de Obras Públicas del Govern y actualmente diputada del PP, Mabel Cabrer, o al expresidente balear Jaume Matas, que con sus comparecencias acreditan «la intencionalidad y la voluntad de asumir el control de todo el proceso» de las carreteras de Ibiza, «así como la vinculación de buena parte de los sobrecostes a determinadas decisiones políticas».
Así las cosas, los representantes del PSOE, Podemos y Més indicaron también que en dicho informe se recoge que la manera en que los responsables políticos tomaron las decisiones en relación a las autopistas de Ibiza apuntan a «la ilegitimidad» de una deuda generada «que deberán asumir los contribuyentes baleares» y que representa «la segunda hipoteca más grande de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con un canon anual de más de 20 millones de euros, debido a los sobrecostes de «una actuación que tenía que costar, según el convenio de carreteras de 1999, 8,33 millones de euros, que se licitó por 166 millones de euros y que ha acabado costando unos 600 millones de euros».
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