PROU alega contra la Ley de Turismo al considerar que es incompatible con la protección al medio ambiente

Según han recordado, se solicita la retirada de la Ley por no cumplir los objetivos de garantizar un turismo sostenible y por no tener en cuenta las peculiaridades de cada isla, ya que Ibiza y Formentera no son citadas y situaciones que deben considerarse, como la sequía o el problema de acceso a la vivienda, se pasan por alto.

PROU ha considerado que el texto es «confuso y contradictorio» y supone «la legalización de plazas turísticas sin tener en cuenta su efecto sobre el medio ambiente y el territorio y un aumento en el techo de plazas turísticas existentes», en referencia a que se permita el alquiler turístico en edificios plurifamiliares.

La Asociación ha lamentado que «nos encontramos ante un caso asimilable a una amnistía fiscal como la llevada a cabo por el Gobierno central, donde se perdona y se premia a los infractores, legalizando el dinero que tenían declarado en paraísos fiscales».

«Aquí nos encontramos en una situación similar. A quienes se han enriquecido alquilando viviendas turísticas sin declarar estos ingresos, ahora se les permitirá legalizar la actividad si quieren y, si no, dejar de realizarla sin consecuencias punitivas para las infracciones/ilegalidades que se hayan podido cometer», han criticado.

PROU ha afirmado que la Ley balear incumple incluso sus propios objetivos de garantizar la compatibilidad del turismo con el respeto al medio ambiente, el patrimonio cultural y el territorio. «No se tiene en cuenta las recomendaciones reflejadas en la Carta Europea del Turismo Sostenible, que define el concepto de desarrollo sostenible como un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Esta forma de desarrollo implica la conservación de los recursos para las generaciones futuras, un desarrollo viable y un desarrollo equitativo», han explicado.

Por todo ello, PROU ha exigido la retirada de la Ley «por el incumplimiento sistemático de las recomendaciones y premisas, en relación a la definición de turismo sostenible, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que este Govern asume en sus consideraciones