Europa PressEivissa29/12/16 4:00
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El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sant Antoni presentó sus alegaciones a los Presupuestos del Consistorio para 2017, aprobados inicialmente a finales de noviembre. Entre éstas, los populares reclaman el cese de la directora de Seguridad, Ángeles Gallardo, lo que supondría un ahorro de 60.000 euros para el próximo ejercicio.
Según explicaron, desde el primer momento se han mostrado contrarios a la contratación de una persona para ocupar este cargo, «tanto por considerarlo innecesario, como por el coste que supone para las arcas municipales, así como por el desplazamiento competencial que iba a suponer para el Jefe de Policía, que podría desempeñar perfectamente sus funciones», precisaron.

El PP señaló que existe una resolución judicial que declara la «irregularidad e ilegalidad» de esta contratación. La formación aseguró que repercutirá en las arcas municipales el hecho de que la propia directora deba devolver las cantidades percibidas, si así se indica en la sentencia final. «Mantener su contratación en estas circunstancias constituye un riesgo que no puede ni debe asumir el Ayuntamiento», apuntaron.

El PP también destaca en sus alegaciones que los informes de Secretaría y de Intervención ponen reparos a la contratación de nuevas plazas de funcionarios o personal laboral.

Asimismo, en relación al pago de horas extras, el partido explicó ayer que no se consigna partida alguna para el pago de las mismas, aunque sea un gasto seguro y una partida que va en aumento de forma progresiva y que en el presente ejercicio supera ya los 52.000 euros, según los populares. «No se comprende que no se incluya en los presupuestos cantidad alguna para atender este gasto», reiteraron.

Por otra parte, el PP se pronunció ayer sobre la amortización de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa FCC, consecuencia de haber financiado la construcción de la nave y urbanización del entorno de la EDAR.

«Nuestra propuesta ha sido desde el primer momento que se impusiera al nuevo concesionario del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria la obligación de subrogarse en el expresado crédito. A pesar de nuestra insistencia, el Ayuntamiento no quiso hacerlo y, al haberse adjudicado ya el nuevo concurso, ha sobrevenido para el Ayuntamiento la obligación contractual de amortización de la deuda, en torno a 1.900.000 euros, a la empresa acreedora», recordaron. A pesar de ello, según el PP, no se toma en consideración este gasto en los presupuestos inicialmente aprobados.

Los populares, entre otras alegaciones, también han denunciado la falta de algunas inversiones durante el próximo ejercicio, como partidas específicas para la TDT de Corona, el cambio del tartán de la pista de atletismo de Can Coix o la adquisición del Cine Torres, entre otras.