Dos visiones bien opuestas y una llamada a la reflexión. La condena a 8 años de prisión y 21,5 millones euros de multa al empresario canario Mahy Marrero Sosa, tal y como avanzó ayer PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA, se ha traducido en reacciones opuestas entre el Ayuntamiento de Sant Josep y las concesionarias de los servicios playas.
La primera teniente de alcalde de Sant Josep, Paquita Ribas, defendió ayer la subasta como el mejor método y apuntó que serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que analizarán si hay algún tipo de inhabilitación. «No tenemos la sentencia todavía. Cuando la tengamos, si hay algo que afecte a la contratación se revisará», señaló Ribas, quien insistió en que «la subasta es el método más claro y transparente. Esto también podía haber pasado con sobre cerrado». Hizo hincapié en que la subasta «no es el motivo ni el problema, sino que se trata de un problema personal de esta persona». Ribas añadió que un Ayuntamiento «no puede hacer una criba porque todo lo relacionado con las concesiones administrativas se rigen por la Ley de Contratos. Hay cosas que se pueden filtrar y otras que no. Sólo se puede exigir lo que la ley permite».
Imagen muy dañada
El presidente de la Asociación de Concesiones de Playas de Sant Josep, Toni Marí Moreras, señaló que esta sentencia «confirma lo que todos sabíamos. El problema lo conocimos la misma mañana de la subasta a través del PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA y ahora se confirma la peor realidad. Pienso que en su día el Ayuntamiento hizo todo lo posible para que este señor no se hiciese con las concesiones, pero no pudo pararlo. Este señor reventó las subasta pujando y disparando los precios una locura».
Marí apuntó que Marrero Sosa «trasladó sus problemas a nuestra isla y el Ayuntamiento deberá aclarar en qué situación quedan esas concesiones. No sabemos si una persona delegada por este señor se puede responsabilizar del servicio llegado el momento, pero lo que está claro es que deberían evitarlo porque ha hecho mucho daño a Sant Josep y a toda la isla de Ibiza», lamentó Marí, quien apuntó que el Ayuntamiento deberá aclarar la situación.
LA NOTA
El fiscal pedía inhabilitación para actividad empresarial
La sentencia ha condenado al empresario Mahy Marrero Sosa a un total de ocho años de prisión, 21,5 millones de euros de multa e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
En su petición inicial, el Ministerio Fiscal solicitaba un total de 13 años, una multa de 60 millones de euros e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para toda actividad empresarial o comercial por 10 años.
Los empresarios consultados apuntaron que «aunque la sentencia no lo inhabilite, el Ayuntamiento debería corregir una situación que ha hecho mucho daño al municipio».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.