Las obras motivo del expediente consisten en una edificación de aproximadamente 60 metros cuadrados de estructura de bloque, cubierta plana y destinada a usos complementarios de vivienda. También hay una segunda edificación de estructura metálica y hormigón, con cubierta plana de unos 250 metros cuadrados, construida aprovechando uno de los muros de la piscina y destinada a uso residencial. Estas obras están valoradas en 952.336 euros y se ejecutaron sin tener ningún tipo de licencia. De acuerdo con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el consistorio propone una sanción cuantificada en una multa del 50% del valor de la obra ejecutada por la infracción cometida. Es decir, se propone interponer una sanción de 476.198 euros.
La primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, explicó que este tema "se remonta al año 2010, cuando en una visita de obras el celador municipal comprueba que se están iniciando unas obras. Se ordena su paralización, pero unos meses después se constata que los trabajos no sólo se han parado, sino que se han concluido ". Todo ello, explica Ribas motivo el "inicio de un expediente de disciplina urbanística".
Este expediente obligaba a la propiedad a demoler las construcciones ilegales. No obstante, "hay una segunda fase, donde vuelven a hacer obras, más obras de las que habían ejecutado al principio", recordó la concejala. Finalmente, se resuelve el expediente de disciplina urbanística, que ordena la demolición. A continuación, en diciembre 2015 la regiduría de Urbanismo incoó el expediente sancionador y propuso interponer la sanción de 476.198 euros.
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