Muestra de la carta que ha enviado el Ayuntamiento de Barcelona a 800.000 domicilios para prevenir de los pisos turísticos.

La Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales y la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera han hecho números y, a falta de datos concretos, calculan que este verano entre 50.000 y 60.000 turistas han acudido a la oferta de alojamiento irregular en Ibiza.

«Si la llegada de vuelos y pasajeros ha aumentado hasta un 17% este verano pero la ocupación en hoteles, apartamentos o viviendas vacacionales se ha incrementado entre un 1% y un 5%, hay un amplio porcentaje de visitantes que no sabemos dónde se alojan», explica Roberto San Esteban, presidente de la asociación de viviendas con licencia turística.

Para la patronal, existe un problema «estructural» del que ya han informado a Biel Barceló, impulsor de la futura Ley de Turismo y del Plan de Vivienda, a través de las cuales pretende regular el sector. Desde Ibiza se ha exigido al Govern que cambie la normativa creada en 2012 por el gobierno de Bauzá ya que, a día de hoy, el Consell «se ve imposibilitado» para demostrar el uso turístico frente a la LAU, la ley estatal de arrendamientos urbanos, en los pisos que se alquilan a turistas.

San Esteban ha encontrado en Cataluña y Valencia dos claros ejemplos donde «se ha dado un giro» a la política turística en materia de vivienda. «Todo lo que se alquile sin licencia es ilegal. Se les multa [a los infractores] y ellos son los que tienen que venir a demostrar que lo que están haciendo es legal», sostiene el empresario inmobiliario, quien lamenta que actualmente en las islas se produce la situación inversa.

En las comunidades antes citadas, sostiene San Esteban, «está funcionando muchísimo mejor y le hemos pedido al conseller que lo cambie para que quienes alquilan de forma ilegal tengan que demostrar que no lo hacen». También solicita incluir en la regulación autonómica a grandes comercializadores como los portales ‘Airbnb', ‘Booking', o ‘HomeAway', entre otros, ya que actualmente actúan «como comisionistas». «No hay una clara definición de quién es comercializador en la Ley Turística. Cuando esté definido, habrá mucho más control», precisa.

Aunque San Esteban recela del sistema de denuncia policial que se pide a los vecinos de Barcelona, apela a la iniciativa de la alcaldesa Ada Colau, quien a través de una carta enviada a cada domicilio pide «complicidad» a los residentes para que esta «oferta sumergida, económicamente insostenible e irrespetuosa con la legislación vigente, no se imponga y arraigue en la ciudad».

LA NOTA

Imitar el plan de choque de Ada Colau en la Ciudad Condal

Más de mil ciudadanos ya han avisado al Ayuntamiento de Barcelona de la existencia de pisos turísticos ilegales en sus fincas a través del teléfono o un formulario en internet habilitados por el consistorio para tramitar estas denuncias, que luego tienen que ser contrastadas por los servicios de inspección.

Esta es una de las medidas contempladas en el plan de choque de Colau para frenar los pisos turísticos ilegales en Barcelona. Otra iniciativa impulsada por el Ayuntamiento ha sido el envío de cartas a 800.000 domicilios (entre julio y octubre) pidiendo su «complicidad» para denunciar los pisos turísticos ilegales que «generan especulación, economía sumergida y puede dañar la convivencia».

En Ibiza, la campaña del Consell ha conseguido reducir las ofertas en internet de viviendas sin licencia de 3.500 a 2.000 en agosto, una reducción de casi el 60%.