El equipo que encabeza el exsenador Pepe Sala hizo ayer balance del primer año de legislatura, criticando una serie de medidas que considera equivocadas para los intereses del municipio, y poniendo de manifiesto el actual «consenso» frente a decisiones de calado para el municipio «que contrasta con la actitud del PSOE en anteriores legislaturas».
Los populares lamentan que las modificaciones de la ley del suelo aprobadas por el Govern balear impiden continuar con la tramitación y la aprobación de las normas subsidiarias, sobre las cuales existía un acuerdo entre todos los grupos municipales, según el PP.
También echaron en cara al ‘tripartito' no haber contado con su participación en los pliegos de condiciones del concurso de limpieza, cuyas modificaciones «se han introducido a nuestras espaldas y sin atender ninguna de nuestras sugerencias». Los populares criticaron la falta de «diálogo» del equipo de gobierno con los colectivos afectados en asuntos como el traslado del mercadillo del Passeig de Ses Fonts, los taxis estacionales, las concesiones de playas o el cierre de Cala Salada. En cuanto a la transparencia en la gestión del Ayuntamiento, denunciaron que hay «más de 12 expedientes pendientes de entrega, algunos solicitados hace más de 7 meses»; y criticaron el coste anual «superior a los 10.000 euros» por la «externalización de la gerencia de Deportes» y «la contratación ‘ilegal'» de Ángeles Gallardo (directora de la Policía Local), «impugnada por el Estado y que nos cuesta a todos 60.000 euros al año».
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