A finales del año pasado, el juzgado comunicó al Ayuntamiento que la ejecución del derribo era obligatorio y que, en el caso de que la propiedad de la vivienda no lo hiciera, el consistorio lo podría hacer repercutiendo los costes a los infractores.
Sin embargo, finalmente ha sido la propietaria la que comenzó los trabajos hace unos días, que serán revisados posteriormente para determinar si se ha complido con la sentencia judicial.
Los antencedentes
El Juzgado Penal número 1 de Eivissa notificó en el mes de julio del año pasado al Ayuntamiento de Santa Eulària que tenía que ejecutar de forma subsidiaria la demolición de buena parte de los elementos anexos a la vivienda situada en la calle Lluis Grasset de Roca Llisa, conocida como Cas Calero. El Ayuntamiento comenzó entonces a pedir presupuestos a diferentes empresas e inició la redacción del proyecto de demolición.
Ante la inminencia de la actuación municipal, la propiedad comunicó que se haría cargo de las obras.
Sentencia
Las demoliciones son parte de la sentencia que condenaba también a un año de prisión a la propietaria de la vivienda, S.D.K., por delitos contra el Medio Ambiente y por desobediencia al Ayuntamiento de Santa Eulària.
Esta resolución judicial data de abril de 2010 pero el procedimiento se inició en 2005 cuando el Ayuntamiento emitió un decreto de Alcaldía para paralizar los primeros trabajos.
Posteriormente, se constató que se fueron iniciando diferentes contrucciones. Todas ellas se justificaban en una licencia de obra menor y fueron acompañadas de una orden de paralización por parte del consistorio que finalmente presentó una denuncia ante Fiscalía, lo que motivó que el procedimiento sancionador quedara en suspenso.
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