Arranca el mes de junio y lo hace con calor, con muchísimos coches en las carreteras ibicencas y con un problemón a cuestas en materia de vivienda. Esta semana conocimos un dato esclarecedor: se disparan las citas en la oficina del Ibavi en Eivissa, donde en mayo acudieron más de 500 personas, un 70% más que en marzo, cuando comenzó el servicio de atención a la ciudadanía.
El miércoles visitó la isla el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, impulsor del proyecto para la regulación de los alquileres vacacionales. El líder de Més se topó con el rechazo frontal de las administraciones y agentes sociales ibicencos a la legalización de los pisos turísticos, dados los problemas de convivencia que generan y los elevados precios que se piden a residentes y trabajadores. Su reunión en el Consell coincidió con una oleada de anuncios en redes sociales y portales de compra venta de alquileres totalmente desorbitados, como el de una habitación compartida por 1.400 euros al mes, o el de una caravana en una parcela por 750.
Mientras tanto, Sant Josep aprobó un incremento medio del 15% en las tarifas del agua, a pesar de su pésima calidad, que el Consistorio justificó por la subida del canon que cobra Aqualia, suministrador de un bien que sigue escaseando en el municipio.
Por otra parte, El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó en pleno exigir al Consell y al Govern balear los más de 140.000 euros que invertirá hasta septiembre en el traslado de los lodos de la depuradora, un fango que el pasado verano alteró las vacaciones de miles de turistas.
Esta semana también conocimos las cifras del paro en Eivissa, las más bajas desde 2008 con cerca de 1.300 desempleados menos que hace un año. El dato, así en frío, resulta contundente y habla a las claras de la demanda de trabajo que existe en las islas por el aumento del turismo. Sin embargo, leyendo la letra pequeña vemos que más del 80% de los nuevos contratos son precarios, incluso de una o dos horas al día y por sueldos que, en la mayoría de casos, no dan ni para mantener una vivienda. De ahí la pesadilla que viven cada vez más familias residentes y temporeros.
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