La oficina del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) de Eivissa ha atendido en los primeros 20 días hábiles del mes de mayo a 510 personas, un 70,5% más en relación al mes de marzo, cuando acudieron con motivo de la reapertura de la delegación del instituto 360 personas. Durante el mes de abril, la oficina recibió 440 visitas, pero la problemática se ha recrudecido con el inicio de la temporada alta y sólo durante la última semana, desde el 23 hasta el 27 de mayo, acudieron a solicitar ayuda o información más de 200 personas, según indicó ayer la responsable del Ibavi en Eivissa, Lucía Prats, durante su ponencia en la jornada técnica sobre vivienda organizada por el Consell d?Eivissa.
La psicóloga socialista admitió que la situación está «desbordada», sobre todo desde la puesta en marcha de las ayudas al alquiler pese a que el tope máximo que marca el Estado es de 600 euros, «insuficiente para la realidad de Eivissa».
Responsables políticos en materia de Bienestar Social, Turismo y Vivienda, agentes sociales como Cáritas o Cruz Roja, así como plataformas de afectados y expertos en la materia constataron durante la jornada celebrada en el Consell Insular una problemática que sitúa «en riesgo de exclusión social» y de una manera «transversal» a cada vez más personas en la isla.
Además de profundizar en el diagnóstico de la falta de viviendas y del abuso en materia de alquileres, durante las ponencias se trazaron propuestas para enderezar la situación, desde cambios legislativos ?el Govern avanza en una nueva Ley Turística que permita a consells y ayuntamientos, mediante sus planeamientos urbanísticos, garantizar viviendas protegidas así como regular (y prohibir) los pisos vacacionales; además de incluir incentivos fiscales para el alquiler anual? a campañas masivas de inspección coordinadas entre Turismo y Hacienda.
Casimir Gòdia, director general d?Arquitectura i Habitatge del Govern balear, avanzó que la oficina del Ibavi en Eivissa contará con un gabinete de asesoría jurídica, noticia que celebró la vicepresidenta Viviana de Sans, y puso como ejemplo de buena praxis la promoción de pisos de protección desarrollada en Puig d?en Valls a través de una cooperativa. También criticó que se hayan liberalizado más de un millar de las 1.665 viviendas clasificadas como protegidas en los 80, y que ahora «están libres de precios y podrían ser pisos turísticos».
Otra de las ponencias más interesantes fue la impartida por Pedro Gil Pelu en representación de la plataforma ?Ibiza, afectados con los alquileres?, quien alertó de las mafias que comercializan en portales como ?Airbnb?, ?Tripadvisor? o ?Homelidays? bloques enteros de pisos desde países como Italia o Reino Unido.
Gil precisó que «los tiros» por parte de la plataforma de afectados «no van contra los propietarios, que pueden alquilar al precio que quieran», sino contra «estas organizaciones bien montadas que comercializan una parte importante del ?pastel?» y que, según explicó, «no son susceptibles de ser intimidadas por campañas como la del Consell». En base a investigaciones, reiteró que «hay grupos organizados» que operan con pisos en Platja d?en Bossa, ses Figueretes y Marina Botafoch, principalmente, y que junto al negocio del alquiler ilegal de villas defraudan al fisco cantidades millonarias. Por eso propone realizar una «campaña mixta» con inspectores de Turismo y de Hacienda, «el verdadero ?coco? y quien puede meter un buen ?sablazo?» a este tipo de delincuentes.
De Sans, sobre este aspecto, anunció que el Consell está en conversaciones con el delegado de Hacienda en la isla, quien «está muy por la labor de trabajar coordinadamente con Turismo» para combatir las estafas en materia de vivienda.
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