El Consell incluirá cláusulas sociales y medioambientales en sus contrataciones

El Consell d?Eivissa será la primera institución pública de todo el Estado que aplicará en sus criterios de contratación cláusulas no sólo sociales sino también medioambientales. Una medida que está previsto que se empiece a aplicar en un plazo de cuatro meses, después que se apruebe mañana en el Consell Executiu.

De esta manera, los criterios de carácter social y ambiental serán de inclusión obligatoria en todos los procedimientos de contratación, con la excepción de los contratos menores. Al conjunto de los criterios de adjudicación de carácter social y ambiental, se asignará una ponderación de entre el 10% y el 20% del total. Además, tanto los criterios sociales como los criterios ambientales tendrán por separado una ponderación mínima de entre el 5% y el 15% sobre el total, y ambas serán de inclusión obligatoria en los pliegos.

La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, justificó ayer la necesidad de introducir para «contratar empresas responsables e incentivar al resto para que lo sean». Por su parte, la vicepresidenta segunda y responsable del departamento de Recursos Humanos, Marta Díaz, también explicó que «hasta ahora, el criterio que se ha seguido en las contrataciones era estrictamente económico, y esto no siempre funciona porque penaliza a las empresas pequeñas o locales que no pueden competir y, a veces, las ofertas más económicas después tienen sobrecostes, con lo que no se produce ningún ahorro».

A la hora de puntuar a las empresas que opten a un contrato, se tendrán en cuenta criterios sociales como la creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral o la subcontratación con centros especiales de empleo.

En cuanto a los criterios ambientales, se ponderará la minimización del consumo de recursos naturales o la mínima generación de residuos. Además, también se establecerán unas condiciones de ejecución obligatorias para el contratista, como que las empresas que dispongan de 50 o más trabajadores deberán acreditar que al menos un 2% son personas con una discapacidad igual o superior al 33%, la contratación para la ejecución del contrato de un 10% de personas con dificultades de acceso al mercado laboral o la aceptación de las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y del territorio vigente, entre otras.

El personal técnico del Consell involucrado en los procesos de contratación pública recibirá también una formación específica para poder aplicar estas medidas.