Los ayuntamientos quieren regular los pisos turísticos para prohibirlos

Los ayuntamientos de la isla siguen con especial atención el debate sobre la modificación de la Ley de Turismo de Balears que tiene por objeto regular el alquiler turístico en edificios plurifamiliares. En la discusión sobre el borrador del futuro reglamento se baraja que sean los ayuntamientos quienes tengan la potestad de regular los alquileres, aunque desde el Govern balear y el Consell d'Eivissa son partidarios de preservar el número de plazas turísticas de los consells (9.535 en el caso de Eivissa) y reservar viviendas sociales en los planeamientos urbanísticos insulares.

En el caso del municipio de Vila, el ayuntamiento aprobó recientemente por unanimidad no autorizar la existencia de pisos de uso turístico en edificios residenciales. El Consistorio presentará el acuerdo de la sesión plenaria como alegación a la propuesta del Govern y solicitará a través de una cláusula que sean los ayuntamientos los que tengan la potestad de decidir si quieren o no pisos de uso turístico en su municipio.

En el caso de Sant Antoni, el equipo de gobierno se ha mostrado «favorable a regular esta realidad» y a que sean «los consistorios quienes lo hagan, de manera que cada municipio pueda decidir en función de sus características». Según señalaron a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA fuentes del Consistorio, en el caso de que un municipio permita compatibilizar usos turísticos y residenciales, «deberán ser las comunidades de vecinos las que en sus estatutos señalen si el alquiler vacacional está permitido o no en su edificio». En el caso concreto de Sant Antoni, el equipo de gobierno «es partidario de prohibir la compatibilización de ambos usos».

También en Sant Josep se muestran partidarios de incluir en el debate a las comunidades de propietarios. El pleno de la corporación sacó durante el primer trimestre del año una moción para instar a la regulación de esta actividad ya que por el momento «depende de instancias superiores», señalaron fuentes municipales.

Santa Eulària, mientras tanto, ya se pronunció en enero en contra de la regulación. «El Ayuntamiento está orientando su actuación en los últimos años a no favorecer la mezcla de usos, separando las zonas puramente residenciales de las turísticas, cada una de las cuales tiene sus propias necesidades de servicios pero, fundamentalmente, perfiles diferentes de convivencia y uso», señalaron desde el Consistorio, que también desestima «proponer ningún área para la regularización para evitar que se desarrolle una actividad turística en zonas predominantemente residenciales». «En todo caso es el Govern, que es quien quiere regular la situación, el que deberá preparar su norma de forma que no permita abusos ni problemas de convivencia», añadieron desde el Ayuntamiento de la Villa del Río.

LA NOTA

Formentera aboga por asumir las competencias

Desde el Consell de Formentera la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, considera que la decisión sobre el futuro de los alquileres turísticos, su tipología, requisitos de calidad y territorios donde han de ser posible «ha de estar en manos de los Consells, que son los que tienen las competencias en ordenación turística y quienes mediante reglamento pueden tomar las decisiones más adaptadas a su territorio, características y necesidades concretas».