Vila ‘sella' con hormigón las 23 infraviviendas desalojadas en Sa Penya

Contra la reocupación, hormigón. El tercer día de la operación desalojo de Sa Penya fue el del «sellado» definitivo de las viviendas de la UA27. Desde primera hora de la mañana, una veintena de operarios se afanaban en cerrar con bloques cualquier apertura, puertas y ventanas. Después llegaba el refuerzo de hormigón.
Los trabajos se extendieron a las cuatro casas de la segunda fase que había sido abandonadas de forma voluntaria y que desde ayer también tenían luz verde a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.
Por tercer día, los accesos a la manzana desocupada estaba controlada por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de la Policía Local.
El dispositivo garantiza que los operarios trabajen y se desplacen sin ningún tipo de problemas. «Hay nerviosismo entre los desalojados y evitamos cualquier brote de tensión», señaló un responsable policial.
Controles
A la altura de la calle Santa Llúcia, un punto de control identifica y mantiene a raya una decena de personas que quiere acceder a la zona de la manzana desalojada.
Durante la madrugada los agentes identificaron una veintena de personas que querían acceder a algún punto de venta de drogas.
«Ha sido una actuación muy ligera, sin sobresaltos. Nada que ver con otros dispositivos y he estado en muchos», señala un agente de la UIP con 30 años de experiencia.
Varios vecinos desalojados deambulan por la zona y acaban su recorrido en los bancos del Mercat Vell.
«Hay muy mal rollo por toda la zona del puerto. Esperábamos que esto se acabase en dos días», lamenta el propietario de uno de los locales hastiado de la situación.
El dispositivo de seguridad se mantendrá una jornada más ya que el Ayuntamiento de Vila ha recibido la sentencia del TSJIB favorable a la ejecución de la segunda fase del desalojo del barrio de Sa Penya, que afecta a siete viviendas, cuatro de ellas ya desalojadas voluntariamente. La resolución permite desalojar otras dos viviendas todavía ocupadas. El concejal de Patrimonio, Pep Tur, destacó que esta nueva sentencia acelera el proceso de recuperación del barrio, que se hará mediante la rehabilitación del bloque y la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).