«Con esta firma cerramos el conflicto tanto político como jurídico y técnico que tenían las dos administraciones desde hace tiempo y con su publicación en el BOIB trazamos la hoja de ruta de todas las prescripciones técnicas y jurídicas que harán que caigan todos estos procedimientos judiciales que se habían interpuesto las dos administraciones». Con estas palabras expresó ayer Vicent Torres su confianza en que la infraestructura cerrada a finales de 2013 vuelva a estar operativa este verano una vez se ejecuten las reformas que se han planteado a la concesionaria de la estación, la empresa catalana Sagalés. Entre ellas está la de habilitar una sala de espera en uno de los locales del edificio, una opción «más rápida y menos costosa» que construirla en la propia terminal, según apuntó Rafa Ruiz.
Obras de mejora
El alcalde de Eivissa apuntó que los trabajos para mejorar el sistema antiincendios y para cambiar el sentido de la circulación en el interior de la estación (que obligará a modificar las aceras) comenzarán a la mayor brevedad, aunque no especificó una fecha. Tampoco concretó el presupuesto que se destinará para las obras, que en una próxima fase contemplan una segunda entrada para los autobuses desde la futura y remodelada E-10. «No puedo decir si será medio millón o un millón, no se trabaja en cuantías muy importantes, pero variaría mucho si se hace una sala de espera abajo o en un local que se pudiera habilitar», declaró.
Respecto a las irregularidades que presentaba la estación y los contenciosos que derivaron en su cierre durante la pasada legislatura, Vicent Torres recordó que la hoja de ruta «está preparada para que vayan cayendo uno detrás de otro [los contenciosos] en función de que vayan haciéndose los trabajos que hay marcados en el convenio».
En cuanto a los procedimientos judiciales que se reservan dos de la empresas de transportes concesionarias, Autobuses San Antonio y Voramar El Gaucho, el presidente aclaró que «son libres para emprender los que quieran». «Abrir esta estación es una decisión política amparada por unos criterios técnicos. A veces las decisiones políticas no gustan a todo el mundo», puntualizó.
Por su parte, Rafa Ruiz se mostró «optimista» sobre la operatividad de la terminal y recordó que los equipos jurídicos y técnicos de ambas administraciones trabajan en «la línea de abrir, no de cerrar». «Lo que no tenía ningún sentido es que sin que lo dijera un juez, la estación estuviera cerrada», subrayó.
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