Más de 150 de los 2.300 ecuatorianos residentes en Eivissa se han quedado sin los bienes que habían enviado a su país a través de la empresa de paquetería OGC en los últimos tres meses. La firma, con sede central en Madrid, permanece cerrada desde el pasado 9 de marzo y sus responsables se encuentran en paradero desconocido. Al parecer, se habían destruido documentos y desaparecido bienes de los almacenes, lo que representa un presunto delito de estafa que ya está siendo investigando y para la cual colaboran estrechamente los fiscales generales de Ecuador y España, según informó ayer el vicecónsul del país latinoamericano en Palma, Gonzalo Ortiz Pino, durante su visita a la isla para atender a los afectados.
Ortiz mantuvo ayer reuniones con la vicepresidenta del Consell d'Eivissa Viviana de Sans, así como con responsables de Cáritas y Cruz Roja, con quienes abordó la situación de vulnerabilidad de la comunidad ecuatoriana residente en la isla, sobre todo en lo referente a problemas relacionados con las ejecuciones hipotecarias y para agradecer las gestiones para la repatriación, en 2014, de un ciudadano ecuatoriano con un cien por cien de discapacidad.
Aunque en el consulado balear únicamente se han registrado hasta el momento 22 casos de personas afectadas por esta presunta estafa, una plataforma surgida a tal efecto en la isla lleva contabilizados más de 120 perjudicados con el inesperado cierre de la empresa de paquetería. La cifra podría ser muy superior ya que no todos los afectados se habrían registrado en alguno de estos soportes, según explicaron ayer en el encuentro mantenido en la sede de la comunidad ecuatoriana en Eivissa.
Algunos de los estafados, presentes en el encuentro, denunciaron que sus envíos estaban valorados en 10.000 euros. Los paquetes enviados incluían grandes electrodomésticos, según apuntaron algunos de los presentes.
El vicecónsul de Ecuador en Palma informó a los presentes de que la embajada pondrá a disposición de los afectados una asesoría jurídica. En cuanto a la recuperación de los objetos perdidos o el cobro de indemnizaciones, Ortiz recordó que la investigación debe seguir el cauce judicial al tratarse de una empresa privada. «Cuando les cojan tendrán que responder con sus bienes, pero eso ya le toca a la parte judicial: fiscalía, policías o aduanas para el caso de indemnizaciones», subrayó. El proceso judicial podría durar años.
Formas de contacto
Ortiz insistió durante su visita en la importancia que tiene para la colonia ecuatoriana manejarse con las nuevas tecnologías y conocer las vías de contacto con el consulado en Palma: por correo electrónico o a través de aplicaciones digitales como Facebook o Whatsapp.
«Los casos de vulnerabilidad son nuestra prioridad, así como las moratorias de desahucios», señaló Ortiz.
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Seria interesante saber si el envio de todo este dinero en efectivo haya salido de cuentas bancarias o no.