Según han informado desde la institución, el anteproyecto ha sido objeto de enmiendas y precisiones por parte de los servicios jurídicos del Consell, centrándose sobretodo en cuestiones técnicas.
Así, las dos alegaciones más relevantes se refieren al artículo 3 del anteproyecto, en el que se detalla el listado de cargos que estarán sujetos a la actuación de la Oficina, incluyéndose a los miembros del gobierno, altos cargos y personal eventual del Govern Balear, pero sin mencionar a los de los consells.
Desde el Consell de Eivissa se estima que los altos cargos y el personal eventual de los consells también deben estar sometidos al escrutinio de la Oficina.
La otra alegación se refiere al artículo 15.4, que dispone la obligatoriedad de cargos y trabajadores públicos de comunicar a la Oficina de Lucha contra la Corrupción cualquier hecho que detecten y que pueda ser considerado constitutivo de corrupción o conducta fraudulenta.
Desde el Consell han asegurado que deben establecer medidas que garanticen el anonimato del denunciante, de manera que se evite cualquier castigo o represalia.
La vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, ha valorado que "el Govern trabaja ya para poder desterrar, definitivamente, las prácticas corruptas en la política y que se han convertido en uno de los principales problemas que hemos sufrido en Baleares, donde tenemos auténticos récords de corrupción política".
"Ahora ya no hay sólo buenas palabras contra la corrupción, sino también hechos. Cuando esta Oficina sea una realidad, tendremos una herramienta eficaz para garantizar una política y gestión limpia. Es una prioridad y nos alegra poder colaborar en la redacción de la Ley", ha concluido.
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