Vicent Torres da el turno de palabra a un conseller del Partido Popular durante un momento del pleno celebrado ayer. Foto: TONI ESCOBAR

La propuesta presentada por Podemos para instar al Govern balear a aprobar una Ley de Consultas «con la mayor brevedad posible» derivó en un debate sobre el proceso de participación del proyecto de desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària, en el que el equipo de gobierno no aclaró si será vinculante o no.

Los populares dieron su apoyo a la propuesta de tramitar esta nueva ley, a excepción del tercer punto, en el que se abstuvieron por no haber sido «consultados». Este punto recogía la necesidad de realizar una consulta sobre todas las medidas que superen el 10% del presupuesto anual o que tengan un ámbito de aplicación de más de una legislatura. «Estamos de acuerdo con las consultas si son productivas», remarcó la consellera del PP Carmen Domínguez, que preguntó de forma reiterada si se tendrá en cuenta el resultado del proceso de participación: «¿Si saliera un ‘no' lo van a modificar o echar para atrás y van a empezar de nuevo o bien salga lo que salga van a seguir adelante con este proyecto?».

Reproches

PSOE y Podemos se centraron en defender esta «nueva forma de hacer política» y criticaron al PP por «menospreciar» la opinión de la ciudadanía. La consellera del PSOE Marta Díaz aseguró que su partido es favorable al trazado, pero que no es «incompatible» con recoger la opinión de la gente y más cuando había pasado «tanto tiempo» desde la redacción del proyecto.

Por su parte, la vicepresidenta primera, Viviana de Sans, tiró de reproches hablando de las «irregularidades de las autovías», que dijo que «son sinónimo de opacidad y corrupción», y de los casos de corrupción que envuelven al PP a nivel nacional: «Rajoy dijo que tomaría medidas y lo ha hecho, cogió un martillo y se cargó los discos duros donde estaban todas las pruebas».

Financiación

El enfrentamiento entre gobierno y oposición se apaciguó, a pesar de mantener las discrepancias, con la aprobación por unanimidad de la moción del PP para fijar en un 20% la representatividad de Eivissa en el conjunto de Balears. De esta manera, acordaron no aceptar un porcentaje inferior al 20% en financiación, promoción o actuaciones relacionadas con el sector turístico, como sería el caso del nuevo impuesto sobre estancias turísticas, conocido como la nueva ecotasa.

El presidente del Consell y conseller de Turisme, Vicent Torres, recordó que el problema «es que los porcentajes van en relación a una cantidad» y que deben «empezar a pensar como traducir el peso específico de nuestra industria para mejorar la destinación». En este sentido, destacó que el nuevo impuesto «nos dará más financiación» para conseguir que Eivissa «sea un destino turístico sostenible de excelencia turística».

Los populares agradecieron el apoyo de PSOE y Podemos, aunque recordaron al presidente que hace poco pidió «solo un 13%» para Eivissa. El conseller del PP Vicent Roig, además, destacó que es «misión» del equipo de gobierno preocuparse porque la «bolsa no esté a cero» y a que no se desvíe el dinero de promoción turística a otros departamentos.

El PP, no obstante, no encontró el apoyo de la oposición para instar al Govern a tramitar el decreto urbanístico como proyecto de ley con el objetivo de «consensuar al máximo la normativa con todos los colectivos afectados».

Consenso en urbanismo

El conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad, justificó el voto en contra porque el objetivo de esta moratoria «es evitar más impactos sobre el territorio y una política de barra libre». No obstante, garantizó que abrirán un espacio para el debate y el consenso, en el que se tendrá en cuenta las propuestas del PP en las modificaciones que se harán de las leyes de suelo, turística y agraria, aprobadas en la anterior legislatura.

Por su parte, la consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, apuntó que con el decreto se dan «un margen de dos años para modificarlas con el máximo consenso» y criticó la «permisividad» de estas leyes que suponen «una gran amenaza para el suelo rústico».

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EL CORTO

Reclaman cambios legales para impedir nuevas canteras en la isla

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LA NOTA

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