Sant Antoni instala trampas para los perros que atacan ganado en Sant Rafel

El Consistorio, a través de un servicio contratado con Can Dog, ha instalado trampas en las proximidades de las fincas afectadas para intentar capturar e identificar a los animales responsables de estos ataques.

Según han explicado fuentes municipales, se desconoce si todos los perros son salvajes o algunos tienen propietario, pero de ser así se contactará con los dueños para obligarles a establecer medidas.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha contactado con diferentes entidades animalistas para solicitar su colaboración y éstas, dentro de sus posibilidades, realizarán inspecciones por la zona afectada.

Por otra parte, el Consistorio iniciará una campaña para regularizar la situación de los perros en esta zona del municipio.

Según han recordado, las ordenanzas municipales señalan que todos los animales domésticos del municipio deben estar censados y llevar un chip identificativo. Un agente de policía y un trabajador del departamento de Medio Ambiente recorrerán los caminos de esta área rural y hablarán con los propietarios de todos los animales que identifiquen.

En los casos en que se detecten animales no censados, se dará un plazo de tiempo a sus propietarios para regularizar la situación. El Consell ha informado de que los propietarios de animales afectados por estos ataques pueden acogerse a una línea de ayudas para reposición de ganado que ofrece la institución.

Para hacerlo deberán presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil o bien recibir la visita de los veterinarios del Consell.

En cuanto a la regularización de mascotas en el municipio de Sant Antoni, el censo es gratuito, pero los propietarios deben presentar DNI, cartilla sanitaria y fotografía del animal, justificante de identificación del microchip y descripción del lugar donde habita el animal.

No inscribir al animal en el censo municipal puede acarrear sanciones de entre 30 y 90 euros. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, rigen la Ley 50/1999 y el RD 287/2002.

Las licencias para este tipo de animales tienen una validez de cinco años y no tener en vigor estos permisos puede acarrear sanciones de hasta 1.500 euros, según han informado desde el Consistorio.