La ibicenca ha anunciado una batería de medidas de "protección efectiva" para los consumidores.
Entre ellas, destaca un nuevo código de consumo, aprobar una "auténtica" ley de segunda oportunidad para aquellas personas que no puedan hacer frente a sus deudas, crear un sistema de reclamaciones efectivo o mejorar los mecanismos de control para evitar el daño por publicidad engañosa a los consumidores.
En relación a la tarifa social, Hernanz ha detallado que ésta incorporará factores correctores en la factura de la luz de manera que las familias numerosas o aquellas con dificultades socioeconómicas puedan acogerse a ella.
Igualmente se eliminará la penalización al desarrollo del autoconsumo y se reformará en profundidad el decreto del autoconsumo energético "para promover un marco regulatorio sencillo, estable y favorable y para impulsar la descentralización de la generación eléctrica".
En cuanto a la creación de un sistema de reclamaciones efectivo y eficaz, Hernanz ha avanzado que tendrá un ámbito de aplicación "amplio, frente a infracciones, mala práctica o abusos de las empresas".
En este sentido, la candidata Socialista ha recordado la indefensión que muchos consumidores sufren, por ejemplo, frente a prestamistas que utilizan tipos de interés abusivos, "por lo que regularemos los préstamos personales no bancarios para evitar situaciones de fraude y estafa".
Respecto a la ley de segunda oportunidad, Sofía Hernanz se ha referido a la necesidad de "facilitar la renegociación de las deudas con mediación pública y, en el caso de no poder salvar la pérdida, por ejemplo, de la vivienda, evitar que esa pérdida arrastre además una deuda de por vida".
En paralelo, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias "para evitar situaciones perjudiciales que condicionen al consumidor a la hora de hacer frente al pago de su hipoteca".
Según Hernanz, hay que "consolidar los derechos de los consumidores en España por medio de una legislación integral, acorde con el marco de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, que se adapte a los requerimientos de la Unión Europea y que cuente con instrumentos efectivos para la resolución de conflictos, tanto en vía judicial como mediante mecanismos extrajudiciales".
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