La ex Defensora del Pueblo y miembro del Consejo de Estado, María Luisa Cava de Llano, ha confirmado al alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, que el organismo consultivo ha dado su visto bueno a que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva el contrato con Aqualia para la construcción y explotación de la desaladora de Santa Eulària.

Marí ha calificado como una "muy buena noticia" esta resolución, ya que permite desbloquear el conflicto por el sobrecoste de la planta.

Ahora, según el edil, "el Gobierno deberá hacer las inversiones y gestiones necesarias para poner en marcha la planta cuanto antes y comenzar a suministrar agua, no sólo al pueblo de Santa Eulària, sino a otros municipios".

El Gobierno central, según han recordado, informó al Consistorio que la decisión del Consejo de Estado era preceptiva para autorizar o no la operación de reversión de la instalación, de manera que ahora el Ejecutivo nacional podrá tomar posesión de la planta y entregarla al Govern para su gestión.

Noticias relacionadas

"El Consejo dice que, por el convenio inicial, el Ministerio podría reclamar esta inversión al Govern, pero, por las conversaciones que hemos mantenido, no se contempla y se entregaría gratuitamente al Govern.

Así, se ha logrado el objetivode que el sobrecoste tenga un coste 0 para los ciudadanos", ha dicho Marí, quien ha explicado que la entidad consultiva entiende que la UTE que encabeza Aqualia para la construcción de la desaladora tiene derecho a recibir el coste efectivo de la construcción de la planta, que es de 25,6 millones de euros.

Marí ha agradecido las gestiones realizadas por las otras administraciones para desbloquear la instalación, así como al diputado Enrique Fajarnés, también intermediario en la resolución del conflicto.

El alcalde ha reiterado la necesidad de que la planta se ponga en marcha cuanto antes y ha reclamado la ejecución de las obras de interconexión para que, cuando esté en marcha la planta, el agua pueda llegar donde sea necesario.

De este modo, ha recordado el ofrecimiento del Ayuntamiento al Govern para ejecutar la canalización de agua hasta Sant Carlos y a las zonas de costa de la parroquia, como Cala Mestella o La Joya, descontándose después esta inversión durante 8 años del coste que pagará el Consistorio a la Administración por la compra de agua desalada.