Los taxistas asalariados se reunieron con la consellera Pepa Marí y el director insular del Estado, Roger Sales. | Toni Escobar

Un grupo de taxistas asalariados, hartos del aumento de taxis piratas en la carretera, se reunieron ayer con la consellera de Mobilitat, Pepa Marí, y el director insular del Estado, Roger Sales, para transmitirles la necesidad de «actuaciones contundentes» que consigan frenar el aumento del transporte ilegal en la isla de Eivissa.
En el encuentro, estos profesionales, que están trabajando para crear una plataforma de taxistas en contra de la piratería en el transporte, entregaron a la consellera Marí una lista con al menos medio millar de matrículas de taxistas piratas que han identificado para que tanto la máxima institución insular como la dirección insular del Estado investiguen y actúen contra estos piratas. «Buena parte de sus propuestas son modificaciones legales. Nuestra intención es frenar el descontrol para acabar con esta sensación de impunidad. Hemos planteado la creación de una comisión contra el intrusismo en el transporte, que se reunirá en los próximos días», explicó la consellera Pepa Marí, quien precisó que quieren trabajar en la modificación de leyes «y establecer un reglamento específico del sector». Con la llegada de agosto, la presencia del transporte ilegal ha aumentado, algo que confirmó la consellera Marí. Y es que en las últimas semanas se han abierto un centenar de expedientes por transporte ilegal y se seguirán haciendo actuaciones en los próximos días, ya que se produce un «efecto disuasorio» cuando la administración ‘caza' a un pirata, según explicó la consellera.
Marí destacó que investigarán el listado de matrículas entregado por los taxistas legales, quienes estiman que la flota del transporte ilegal está alrededor de los 800 vehículos, aunquepodrían superar el millar. «Todo lo que se ha hecho hasta el momento no ha sido efectivo y la prueba está en que si antes había 200 ahora hay 800. Calculamos que podría haber 800 ilegales, pero es que no tenemos cifras concretas y se podrían superar los 1.000», apuntó Miguel Ayllón, taxista asalariado y afectado por la piratería en el transporte. Ayllón destacó que la presencia de taxis pirata disminuiría si la actividad se considerara delito y no falta administrativa. En este sentido, el Consell d'Eivissa solicitó en la pasada legislatura que se modificase la ley estatal para que fuera considerado delito, pero por el momento Interior no ha contestado esta petición.