Idoia SalaEivissa02/07/15 0:00
TW
1

El exdiputado en el Parlament balear Joan Boned ha sido el escogido por Francina Armengol para cubrir la cuota territorial de Eivissa. El ibicenco, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Eivissa entre 1999 y 2003 y el portavoz socialista en cuestiones territoriales en la anterior legislatura, será el conseller de Territori, Mobilitat i Energia del nuevo Govern balear. Según explicó, se trata de una conselleria «de peso», que también incluye Habitatge, Ports y Aeroports.
Boned reconoció ayer que no se esperaba la llamada de Armengol, pero que era una propuesta que no podía rechazar «de ninguna manera», porque aunque es «una gran responsabilidad», dijo que también «es un orgullo» entrar en «el primer gobierno encabezado por una mujer en Balears».

El socialista explicó que ya se había hecho a la idea de que su etapa de 20 años en política «había llegado a su fin». De hecho, no formó parte de ninguna candidatura en las elecciones del 24 de mayo y ya se había incorporado a su trabajo.
Ahora dice que afronta «un nuevo reto» con la dirección de una conselleria que incluye un área «delicada y polémica» como Territori. En este sentido, recordó que nunca ha habido un acuerdo en esta materia, pero que su objetivo es que el territorio «no se trate como un objeto de mercadería, sino como el tesoro en el que se fundamenta nuestra principal industria, que es el turismo». Es por ello, que ya ha anunciado que la Ley del Suelo de Balears, aprobada hace un año, se revisará «sin duda», porque se aprobó sin consenso y únicamente con los votos del PP. «El interés general tiene que ser prioritario en el tratamiento territorial y no el interés particular», apuntó Boned, que dijo que el objetivo es «conservar y cuidar» el paisaje y el territorio y no «deshacerlo y dañarlo».

Respecto a las áreas de Ports y Aeroports, el futuro conseller anunció que buscarán alternativas al descuento de residente en materia de transporte aéreo para que los ciudadanos obtengan un mayor «beneficio» y se comprometió a trabajar conjuntamente con las administraciones insulares y municipales para decidir la gestión y distribución de usos de los puertos.