Sant Antoni aprueba la nueva ordenanza del servicio del taxi

Con la municipalización de este servicio, a partir del 1 de enero de 2016 todos los vecinos del municipio tendrán las mismas tarifas de agua potable y las cuotas fijas de los titulares de los contadores de la zona norte que proveía Vicente Vedrané, 438 vecinos y un hotel, bajarán una media del 60%.

En el pleno también se dio cuenta de los expedientes de liquidación del presupuesto municipal correspondiente al 2014. El concejal de Hacienda, Vicente Ribas, explicó que el resultado presupuestario es positivo en 610.000 euros, resultantes de la diferencia entre los 31,8 millones de derechos reconocidos y los 21.189 de obligaciones reconocidas. Con los ajustes previstos legalmente se eleva a 3.010.335 euros.

Sindicatura de Comptes

El regidor socialista Pep Marí, ‘Marge', pidió explicaciones sobre el requerimiento de la Sindicatura de Comptes respecto a una serie de facturas que ascienden a «casi 2 millones de euros», dijo, «esto puede ser grave, aunque puede no serlo, pero hay que aclararlo porque ya es el tercer requerimiento de la Sindicatura», añadió. Desde el Ayuntamiento aseguraron que este requerimiento entra dentro del «procedimiento habitual» y no forma parte de ninguna «investigación» y lamentaron la «contaminación informativa» del regidor socialista. Marge citó entre las facturas pendientes de revisar hay varias del PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA correspondiente a 2012 cuando el diario apareció por primera vez en 2014. Este informe se refiere a la anterior sociedad mercantil, Prensa Pitiusa, que como TEF tenía todos los contratos correspondientes y en regla con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Por otro lado, la iniciativa plasmada en una moción del PI-Eivissa, que proponía la prohibición de que en el municipio operaran circos con espectáculos con animales, y que iba a contar con el apoyo del resto de grupos, PP y PSOE-Pacte, no va a poder prosperar porque un informe jurídico elaborado por el secretario municipal asegura que la actividad circense es itinerante y goza de la libertad de empresa que avala la Constitución. Por ello, según el secretario, debe ser una ley, en este caso balear, la que establezca la prohibición y no un reglamento municipal.