Desde Justicia explicaron que la licitación de la primera fase de las obras está sujeta a que el Ayuntamiento «facilite la documentación sobre las obras de demolición que se deben ejecutar previamente». A esto se suma que el Consejo de Ministros debe aprobar el incremento presupuestario para estos trabajos. El importe total de la inversión prevista para la redacción del proyecto, dirección y la ejecución de las obras asciende a 16 millones de euros, de los que se le destinarán alrededor de 10,5 millones, según informaron desde este Ministerio. Desde el Ayuntamiento de Eivissa precisaron que el proyecto de demolición está en el Consistorio a la espera de ser informado por los servicios técnicos.
Acuerdo en verano de 2014
Cabe recordar que fue en agosto del año pasado cuando todos los grupos políticos acordaron tumbar la fachada del antiguo Sa Graduada, que dejó de ser un Bien Catalogado y, por tanto, protegido en el año 2010. Desde Justicia recordaron que Vila aprobó en julio de 2013 la ejecución de una permuta de este solar (propiedad del Consistorio) con Patrimonio del Estado. Esta permuta se hizo efectiva a principios del año pasado y en este solar de 2100,31 metros cuadrados se prevé la creación de los nuevos juzgados, así como la «redefinición urbanística del solar a los efectos de la legalidad vigente con el fin de aumentar el espacio público libre».
Después de adjudicar la redacción del proyecto al despacho de arquitectos Santa Tecla por un importe de 449 844,97 euros, Justicia tenía previsto en un principio adjudicar la primera fase de las obras en el segundo trimestre de este año (abril, mayo y junio), pero en la actualidad barajan iniciar los trabajos a finales de este año.
Las obras se prolongarán, según comentaron desde el ministerio, hasta el año 2020 y será un año antes cuando la administración de Justicia deba abandonar la actual sede en base a un convenio firmado con el Ayuntamiento de Vila.
A grandes rasgos, el proyecto para el nuevo edificio de los juzgados consiste en demoler las construcciones que estén dentro de la parcela cedida al Gobierno para construir un nuevo edificio que albergue 12 juzgados más seis de reserva y que reserve un espacio suficiente para futuros crecimientos.
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