«Las tarifas anuladas fueron las de 2013, que aprobó el Govern. El Ejecutivo autonómico nos pasó las competencias de gestión el año pasado y éstas no han sido impugnadas, por tanto son las que están vigentes y se mantienen», precisó Costa, quien aseguró que la sentencia se produce «por un tema formal» en relación a que no se pidió un informe al Consell Consultiu y aclaró que esta decisión judicial «no tiene nada que ver con el sistema único del taxi».
Consenso
En este sentido, Costa insitió que la gestión insular del servicio mediante un área de prestación conjunta sólo sería posible si hubiera consenso entre ayuntamientos y las múltiples asociaciones de taxistas, algo que por el momento no se ha producido. Así, la consellera de Mobilitat recordó que las competencias sobre el taxi son municipales. En cuanto a la orden de carga y descarga de viajeros, la consellera recordó que ésta es del 97 y surgió «del acuerdo de todos los ayuntamientos».
La consellera aseguró que el Govern le remitirá un informe sobre qué consecuencias podría tener la sentencia del TSJB sobre el servicio, pero precisó: «De momento no vemos que haya consecuencias importantes; se deben seguir aplicando las tarifas de 2014 y no afecta a la orden de carga y descarga de viajeros».
Por su parte, la Asociación de Taxistas Titulares de la isla de Eivissa compareció ayer por la mañana para valorar la sentencia y defender que el modelo de gestión del servicio debe cambiar y ser insular «para evitar el especáctulo que se da en verano», explicó Joan Marí, quien instó a que el Consell convoque una reunión para abordar este tema: «Nos debemos sentar y buscar entre todos una solución; tenemos que estar abiertos a mejorar el servicio del taxi en Eivissa», apuntó Toni Roig. Desde esta asociación aseguraron que sería «una irresponsabilidad» que el Govern recurriera la sentencia del TSJB. En este sentido, recordaron que impugnaron las tarifas del 2013 «para mejorar el servicio de taxi en la isla; no vamos en contra de nadie», aseguró Marí, quien precisó que la sentencia «deja claro que aunque las asociaciones mayoritarias no quieran, la ley está por encima de todo», concluyeron.
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