En declaraciones a los medios de comunicación, Pons ha recordado que la Constitución Española marca, en su artículo 149, que «aquellos puertos que sean declarados de interés general son competencia del Estado», y se ha mostrado «preocupado de que haya instituciones y personas que se quieran apropiar» de lo que no les compete.
Respecto a la opinión de la junta de portavoces del Ayuntamiento de Vila, que reivindicaba que se hiciera caso a su opinión sobre las obras afirmando que «el puerto es de la ciudad, y no la ciudad del puerto», Pons ha replicado que «el puerto es de interés general y, efectivamente, es de todos los ciudadanos, pero no sólo de la ciudad de Vila sino de toda la isla».
El presidente de la APB ha confirmado el desacuerdo que mantiene con el Ayuntamiento de Vila sobre algunos aspectos sobre la reforma del puerto, como la idoneidad de un aparcamiento o sobre la construcción o no de un edificio de servicios en la zona de Es Martell.
Pons ha dicho que, ante la dificultad de alcanzar a un acuerdo y el inicio del periodo electoral, Autoridad Portuaria ha optado por «esperar a que pasen las elecciones y luego reanudar las conversaciones con los nuevos responsables».
Ha insistido en la necesidad de construir un edificio de servicios en la zona de Es Martell, pero que ha señalado que no quiere actuar unilateralmente ni con la oposición manifiesta del Ayuntamiento.
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