Según ha podido saber este diario, la oferta de IMO es de mayor solvencia técnica que la presentada por la clínica mallorquina y, por ello, parte con cierta ventaja en la adjudicación final del servicio.
Este es el motivo real por el cual la puesta en marcha del servicio de la radioterapia siga siendo un gran interrogante y que haya superado con creces las previsiones de arranque del Govern y del Consell d'Eivissa. En principio se dijo que la radioterapia estaría en marcha antes de acabar el año 2014. Después se aseguró que podría funcionar en febrero. Últimamente, el propio presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Serra, ya no se atrevía a hacer futurología al respecto.
La realidad es que es el conflicto de intereses entre las dos empresas que aspiran a asumir el servicio es el motivo por el cual no se pueda adivinar con ciertas garantías la fecha del arranque de la radioterapia en Eivissa. La reclamación de la Clínica Juaneda, con sede en Mallorca, está retrasando el proceso, pero la situación puede ser aún peor si, finalmente, el conflicto acaba en los tribunales. El Govern es partidario de una solución en los próximos meses para evitar los tribunales y plantear interrogantes legales sobre la radioterapia. El Ejecutivo espera que la reclamación ante la central de compras pueda resolverse antes de acabar la legislatura, pero tampoco es seguro. Así, la puesta en marcha del servicio se aplazaría hasta el próximo otoño, como mínimo.
El grupo IMO era visto con muy buenos ojos ya que tiene una amplia experiencia en radioterapia. Esta empresa trabaja en diversas comunidades autónomas y, según ha podido saber este diario, logró en poco tiempo poner en marcha uno de los servicios de radioterapia que se le encargaron.
3 comentarios
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En resumen, nos siguen jodiendo, Espero que la empresa esa Juaneda tenga claro que cientos de ciudadanos de las Pitiusas están indefensos y que muchos, muchísimos, no pueden viajar a Palma para un tratamiento. Basta de tonterías, un poco de humanidad y radioterapia a Eivissa, ja!
No se trata de ver con "buenos ojos" a nadie la cuestión es seguir la ley a la hora de adjudicar un concurso público y hacerlo de tal forma, que las reclamaciones no se den De Palma nos perjudican hasta los funcionarios Mallorquines, Hasta cuando!!!!
1º ¿Qué es un conflicto de intereses? Esta es la definición, que se encuentra en Internet: “Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Los conflictos de intereses están presentes en numerosas decisiones de la vida de profesionales, directivos y empleados, así como de las empresas y organizaciones, públicas o privadas. Un ejemplo de conflicto de intereses es, por ejemplo: Ser director de una empresa y, al mismo tiempo, ser socio de otra empresa proveedora de la que se dirige. En algún momento, ante tal circunstancia, se tendrán que tomar decisiones en relación a los proveedores, y las siguientes preguntas seguramente surgirán: ¿qué se privilegiará? ¿La empresa que se dirige o la empresa de la que se es socio? Así pues, lo que la ética recomienda es que actuemos con criterio preventivo, y reconozcamos públicamente que una situación dada puede presentarnos un potencial conflicto de intereses y lo apropiado es abstenerse de dar un juicio, opinión o posicionamiento ante tal situación.” Por tanto, aquí no existe un conflicto de intereses, sino más bien una cuestión de competencia entre dos empresas, que pugnan por la adjudicación de un contrato con la administración pública. 2º, los políticos una vez más, han prometido algo, que no estaba en su mano de asegurar; lo que pone de manifiesto su falta de ética. 3º, dado que se trata de un tema de salud pública, en el que se puede demostrar que la demora constituye un grave dolo, que incluso puede acarrear la muerte de personas, espero que tanto los partidos políticos que nos representan (y que tanto nos quieren), como asociaciones ciudadanas afectadas, así como los denominados interlocutores sociales (léase sindicatos obreros), tomen cartas en el asunto y denuncien por daños y perjuicios al grupo de empresas Juaneda.