Dos agricultores trabajando en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Dos agricultores trabajando en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. | (c) Sergio G. Canizares

I. SalaEivissa03/12/14 0:00
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La primera Ley Agraria de Balears, aprobada el martes en el Parlament, ha sido acogida con satisfacción entre el sector agrario, porque da las herramientas necesarias para regular y diversificar la actividad agraria. No obstante, desde Eivissa consideran que es insuficiente para el caso de las Pitiüses. La técnica de la Cooperativa de Sant Antoni, Alicia Morales, lamentó que la normativa solo haga referencia a las explotaciones prioritarias (cuando el agricultor tiene más del 50% de su renta que procede de la agricultura y es propietario de la explotación a título profesional o principal), lo que supone «una parte muy pequeña de los agricultores de Eivissa». «Solo los profesionales podrán acogerse a esta ley, por lo que no afectará a todo el mundo rural y tendrá una incidencia muy baja en nuestras islas», apuntó Morales, que recordó que la mayoría son agricultores a tiempo parcial.

Puntos positivos

Según la técnica de la cooperativa de Sant Antoni, la realidad de las Pitiüses es diferente a la de Mallorca y Menorca, tanto en dimensiones como en características de las explotaciones, por lo que la ley «se queda corta y tendría que haber dado más manga ancha en Eivissa y Formentera». De todas formas, consideró que la normativa es una «buena oportunidad para diversificar y hacer más viable una explotación agraria, ya que actualmente «el campo no da un alto rendimiento».

Por su parte, el conseller ibicenco d'Agricultura, Antoni Marí ‘Carraca', apuntó que, aunque esté encaminada a los profesionales también «animará a los payeses a adaptarse a la ley».

Además, especificó que desde el Consell habían conseguido que la ley contemplara las características específicas de las fincas de Eivissa, que «no tienen nada que ver con las de Mallorca». En este sentido, explicó que se consideran explotaciones preferentes a aquellas que tienen un mínimo de 100.000 m2, si están juntas, y 200.000 m2, si están separadas, pero que en Eivissa se redujo a 40.000 m2 y 100.000 m2, respectivamente, ya que sino «solo acogía a unas 90 fincas de la isla».

El conseller destacó de la ley la agilización de las tramitaciones para obtener una licencia de una determinada instalación anexa a la actividad agraria. «En el caso de un agricultor que produce mucha oliva y considera oportuno tener un trull, tendrá ventajas en la tramitación para su construcción», explicó ‘Carraca', que matizó que «no significa que el campo de Eivissa se abra a la edificación, como piensan algunos». «Solo permite determinadas instalaciones relacionadas con la actividad agraria y evidentemente tendrán que obtener una licencia», apuntó.

Por último, también resaltó que se puedan impulsar nuevas actividades como los alojamientos en agroturismo y la venta directa de los productos propios de las fincas en tiendas no superiores a 150 metros cuadrados.