Denegada la paralización del procedimiento judicial por la apertura de la estación del Cetis

Según explicó la gestora, el juzgado entiende que paralizar el proceso judicial, tal y como pretendían las dos instituciones, «perjudicaría el interés general y a la Sociedad Gestora Cetis S.L.».

La gestora recordó que el pasado mes de septiembre, el Consell y el Ayuntamiento solicitaron al juzgado una paralización provisional del procedimiento contra el decreto de apertura de la estación de autobuses, alegando que estaban en «negociaciones a fin de llegar a un acuerdo».

Finalmente, el juzgado ha estimado las alegaciones de la sociedad gestora Cetis S.L. por las que se oponía a la suspensión del procedimiento pretendida por las administraciones porque entendía que se perjudicaba «el interés general en contra de lo afirmado por el Consell y ayuntamiento en su solicitud».

El juzgado ha ordenado que, sin más demoras, el procedimiento judicial siga adelante. «Desde la Sociedad Gestora Cetis entendemos que esta resolución es la más sensata, ya que el objetivo de la solicitud, conseguir tiempo para alcanzar un acuerdo, era un fraude como lo confirma el hecho de que públicamente las administraciones han admitido que desde agosto no han vuelto a hablar más del tema», señaló la sociedad.

«Si la finalidad real de la solicitud de paralización del proceso era la de llegar a un acuerdo que permitiera abrir la estación, es una burla al ciudadano que desde que se presentó dicha solicitud ninguna de las dos administraciones implicadas haya convocado a la concesionaria para desbloquear la situación provocada por el Consell y lograr la reapertura de la estación de autobuses», destacó.

La sociedad recordó que, según se desprende de un informe encargado por el propio Ayuntamiento a la consultora KPMG, éste deberá pagar casi 2 millones de euros anuales a la concesionaria por cada año que la estación esté cerrada.

«Teniendo en cuenta que la estación estaba lista para ponerse en funcionamiento desde abril de 2011, y descontando los meses que estuvo abierta en 2013, el importe que deberá pagar el Ayuntamiento según dicho informe a día de hoy es de más de seis millones de euros», señaló la sociedad.