Redaccion Digital/ Núria Arias26/09/14 0:00
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En plena polémica sobre la aplicación del TIL, tras haber sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, se producirá el cese de la consellera d'Educació i Cultura, Joana Maria Camps.

La nueva titular de la Conselleria seria Núria Riera, hasta ahora consellera de Administracions Públiques, que continuará desempeñando las funciones de portavoz del Govern.

Joana Camps manifestó el miércoles al president Bauzá, después del segundo pronunciamiento de los magistrados del TSJB, que suspendieron la aplicación del TIL para este curso, que no tenía intención de seguir al frente de la Conselleria.El nuevo conseller de Administracions Públiques será el abogado Juan Manuel Lafuente Mir, un "histórico" del PP-Menorca, abogado con despacho abierto en Maó y que desde hace años desempeña funciones de asesor jurídico de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca.

Lafuente ha sido conseller del Consell de Menorca y fue candidato a la alcaldía de Maó en 2007. Ejerció funciones de concejal portavoz de la oposición en el ayuntamiento mahonés. También ha sido presidente del PP-Menorca, hasta que en julio de 2008 concluyó su etapa al frente de esta formación política al ser elegido el actual presidente del Consell insular y del PP-Menorca, Santiago Tadeo.


RIERA, LA 'MUJER FUERTE' DEL PRESIDENT

M. Núria Riera Martos (Palma, 1968), hasta el día de hoy consellera de Administracions Públiques del Govern balear, ha sido un peso pesado en el equipo de José Ramón Bauzá, quien ya apostó por ella colocándola en el cuarto puesto de su candidatura autonómica EN 2011. Es licenciada en derecho por la Universidad de Jaén y funcionaria de carrera, escala superior de la Administración general y de la Administración local.

Ha ocupado diversos cargos en el ámbito de la Administración local y autonómica, entre ellos los de secretaria interventora de la Administración local, secretaria del Juzgado de Paz, Jefa del Servicio de Función Pública en la Comunitat Autònoma de las Illes Balears, vocal de la Comisión de Derecho Local, secretaria de la Comisión de la Ley de Capitalidad de Palma y Jefa del Servicio de Régimen Jurídico del Servei de Salut de Balears, puesto que ocupaba cuando accedió al Govern de la mano de Bauzá, quien la colocó al frente de la dirección general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios.

Como experta en Derecho, Riera ha participado en la elaboración de varias leyes, como la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears; la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, y la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.

Como directora general de Función Pública, cargo que ocupó entre 2011 y 2013, centró sus esfuerzos en aplicar las medidas propias del Plan Económico Financiero y las medidas del Estado. Desarrolló la primera auditoría técnica de recursos humanos de todo el Estado, como consecuencia de la cual el Govern redujo un 10% los empleados públicos de los Serveis Generals de la Comunitat Autònoma, pasando de 4.908 a 4.459. Riera también firmó el primer Plan de Igualdad de los Empleados Públicos de los Servicios Generales. Por otro lado, ha apostado por eliminar trabas administrativas en los ciudadanos, con la aprobación del Decreto de simplificación documental, que permite el intercambio de datos entre las administraciones.

En mayo de 2013, Núria Riera ascendió en su carrera política al ser nombrada Consellera d'Administracions Públiques en sustitución del menorquín Simón Gornes, hasta entonces su inmediato superior, quien salió del Govern desgastado tras la aplicación de la polémica Ley de la Función Pública y los despidos en la Administración. Además, desde ese momento fue nombrada portavoz del Govern y ha sido la encargada de dar explicaciones en todos los asuntos de peso. Su última intervención en este sentido tuvo lugar el pasado 24 de septiembre, cuando anunció que el Govern recurriría todas las sentencias dictadas en contra del TIL y seguiría adelante con su aplicación.