Las plataformas contrarias a las prospecciones petrolíferas en aguas de baleares han pedido al Govern «contundencia y beligerancia con el Ejecutivo central» y que «escuche a la ciudadanía», afirmando que en Baleares se han firmado hasta 117.000 alegaciones de ciudadanos que pertenecen a la comunidad.
Así lo ha expresado este miércoles Carlos Bravo, coordinador de secretariado técnico de la Aliança Mar Blava, tras una reunión de las plataformas con el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, a la que también han asistido Marc Tur y Nacho Landaburu, de Balears Diu No, Sofía Insua, de Ibiza Antipetrolífera e Ibiza Diu No y Marta Cabrera de Oceana.
Por su parte, Company ha declarado que «batallarán» para evitar las prospecciones» y que el Govern «está llevando todos los pasos pertinentes» para posicionarse contra las prospecciones a través de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
En este sentido, el conseller ha explicado que «no hace mucho tiempo» enviaron una carta «clara y contundente» al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tras la reapertura del expediente del Golfo de León, manifestando que quieren que se vuelva a iniciar el proceso, y que se «guardan la libertad de ir a los tribunales a defenderse».
Además, ha afirmado que está teniendo reuniones con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y que esta semana también se ha reunido con el secretario de Estado de medio ambiente, Federico Ramos de Armas, para seguir manifestando su posición y ver cómo van los diferentes procesos y poder controlar desde el entorno legal en el que se encuentra.
El conseller de Medio Ambiente y Territorio ha expresado además que «dentro de las posibilidades que proporciona el Estado de derecho» está «luchando durante las distintas fases de tramitación medio ambiental de los proyectos Golfo de Valencia, el Golfo de León y el del Mediterráneo noroccidental».
Preocupación por «posibles presiones» por parte de los promotores
Asimismo, las plataformas antiprospecciones han mostrado su «preocupación» por la posibilidad de que «pueda haber presiones» por parte de promotores al Ministerio de Industria para que se emita una declaración de impacto ambiental positiva para el proyecto en el Golfo de Valencia.
En cuanto a este proyecto, Bravo ha explicado que «debería haber una declaración de impacto negativa, puesto que todo el mundo está en contra y no hay evidencias científicas aplastantes», y que por ello han pedido «mayor presión al Govern para hacer valer la opinión unánime de la sociedad balear».
Además, el representante de Mar Blava ha expresado que respecto a los sondeos que se llevaron a cabo en 2013 «han llegado a un acuerdo de que si hubiera indicios de ilegalidad se ejercerían acciones legales para depurar responsabilidades».
Por otro lado, el conseller ha tildado de «escándalo» que la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, «no sepa que existe un cuarto proyecto que hace tiempo que está sobre la mesa y que se está tramitando en el Ministerio de Industria», recordado que en 2013 «ya se habló en el Parlament» y que «si entra en fase de tramitación medioambiental se nos consultará tal y como dice la Ley».
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