Vila consensúa tumbar la fachada de Sa Graduada para construir los juzgados

De esta manera se da respuesta a la petición del Ministerio de Justicia, que apremiaba al Consistorio para poder incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado para la construcción de la nueva sede judicial en los terrenos del antiguo colegio.

Lina Sansano, concejala de Patrimonio y Cultura que también asistió a la reunión, aseguró que después de que en 2010 la justicia anulara la declaración de Bien Catalogado del antiguo colegio de Sa Graduada no tenía sentido conservar la totalidad de la fachada del edificio. Sin embargo, Sansano no descarta salvar algún vestigio, como el portal de entrada, o colocar una placa en el suelo como recuerdo de lo que en su día fue este lugar.

Cuanto antes mejor

No obstante, el portavoz adjunto del PSOE-Pacte en el Ayuntamiento de Vila, Marc Costa, es partidario de «no hacer inventos. No tenemos que hacer de arquitectos, que sean ellos quienes decidan».

Para Costa, que fue el representante de la fuerza socialista en el encuentro, lo prioritario «es que comiencen las obras [de construcción de los juzgados] cuanto antes, no queremos que haya más retrasos». Además, desde el PSOE-Pacte también creen necesario el arreglo de la plaza existente frente al edificio.

Permuta

A principios de año el Ayuntamiento de Vila y la Administración General del Estado firmaron la permuta de Sa Graduada (de 2.100 metros cuadrados), por los solares donde están ubicados el inmueble de los juzgados (780 metros cuadrados) y el de la antigua Delegación del Gobierno.

Por esta operación, el Consistorio recibió 303.195 euros como compensación por la diferencias de valor en la tasación de los distintos solares, ya que el terreno aportado por el Ayuntamiento fue valorado en 5.962.592 euros, mientras que los dos solares propiedad del Estado tenían un valor de 5.659.397 euros.

En mayo, el Ministerio de Justicia adjudicó la redacción del proyecto de los nuevos juzgados a Santa Tecla Arquitectos por 449.844,97 euros, casi doscientos mil euros menos del presupuesto de partida. Justicia escogió la oferta más económica descartando la que obtuvo mejor puntuación técnica.

El Ministerio de Justicia espera adjudicar la primera fase de las obras en el segundo trimestre de 2015, que tienen un coste previsto de 10,5 millones de euros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 28 meses que se llevarán a cabo entre los años 2015 y 2018. Hay que recordar que la administración de justicia debe abandonar la actual sede judicial en septiembre de 2019, según el convenio firmado con el Ayuntamiento de Vila.

Reglamento

Virginia Marí también entregó ayer a los respectivos grupos de la oposición una copia del Reglamento orgánico de funcionamiento de la Corporación y de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización que el equipo de gobierno prevé aprobar próximamente.

Según el socialista Marc Costa, el Reglamento «es el libro de instrucciones de la Corporación, va más allá de cuestiones políticas y, por lo tanto, lo tenemos que aprobar de manera consensuada».

En cuanto a la Ordenanza de Transparencia, los socialistas «les hemos hecho apreciaciones de nuestra parte, pero les recogemos el guante».