La Audiencia rechaza el desesperado y último intento de Matas de eludir la cárcel

Ayer, la Sección Primera de la Audiencia de Palma rechazó dos escritos presentados por Pilar Gómez Pavón, abogada del expresidente del Govern, para retrasar su ingreso en la cárcel.

En uno de ellos, la letrada alega que está pendiente de resolución una segunda petición de indulto, y en el otro, sostiene que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el recurso de amparo que ha solicitado.
Matas, incluso, planteó la opción de que le conmutaran los meses de cárcel por trabajo en beneficio de la comunidad, una petición sobre la que el Gobierno central no se ha pronunciado.

Así y todo, su abogada solicitó que la entrada en prisión de su cliente se posponga hasta que ese recurso se resuelva, cuestión que también rechazan las magistradas de Palma, Rocío Martín, Gemma Robles y Eleonor Moya. En la providencia dictada ayer, señalan que en la petición de indulto que Matas presentó al Gobierno en noviembre de 2013 ya solicitaba el indulto total y, alternativamente, la conmutación de la pena de prisión «por otra de diferente naturaleza».

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Petición

Por ello, el tribunal entiende que «no se trata de una nueva petición de indulto» y que la denegación afecta tanto a la modalidad total como a la parcial.

Las magistradas acuerdan en la resolución, «no haber lugar a lo solicitado al no hallarse dicho trámite previsto legalmente fuera del cauce establecido....en sus diversas modalidades, siendo todas ellas competencia del Tribunal Constitucional».
Matas, hasta ayer, no había firmado en Madrid, donde reside, el exhorto remitido por correo desde Palma el pasado lunes para que ingrese en prisión en la plazo de cinco días.

El exjefe del Ejecutivo balear está imputado en varias de las piezas separada del ‘caso Palma Arena', entre ellas, la que afecta a los negocios de Iñaki Urdangarin y Diego Torres en el Instituto Nóos.

Matas fue condenado por el Supremo en 2013 por un delito de tráfico de influencias a las penas de nueve meses y un día de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación para cargo electivo por tiempo de cuatro años, seis meses y un día.
El tribunal declaró probado que en 2003, como presidente del Govern, utilizó su autoridad jerárquica para presionar a un funcionario para la concesión de una subvención al periodista Antonio Alemany.