Los propietarios de la pequeña dársena ubicada en Cala Corral (Sant Josep) están de enhorabuena pues, tras 12 años de juicios y todo tipo de reclamaciones a las autoridades competentes, han recuperado la gestión de su propio puerto –que dispone de 51 amarres para pequeñas embarcaciones de hasta 10 metros de eslora- y que han empezado a explotar desde el pasado día 1 de julio gracias a una autorización temporal de la Demarcación de Costas.
El administrador de Puerto Coralmar, sociedad titular de los terrenos y muelles de la zona, Salvador Ferrer, celebra con reservas dicho permiso, ya que «de momento, solo es por un año». A pesar de ello, se muestra optimista y espera que «más pronto que tarde» Costas saque a concurso una concesión «estable», que en caso de resolverse a favor de los propietarios «sí que significaría una recompensa a tanta lucha y sufrimiento», comenta Ferrer.
La denuncia
Y es que el camino que ha tenido que recorrer Puerto Coralmar para llegar hasta aquí ha sido arduo y farragoso. La denuncia por la vía civil contra la concesión a Life Ports en 2002 no se resolvió hasta 2010, cuando el Supremo declaró firme la sentencia que anulaba la tramitación y el resultado de aquél concurso.
Tras ello, la empresa adjudicataria, cuyo administrador era por aquél entonces el empresario catalán Sebastià Vives, promotor también de otros negocios en la isla como el edificio de ‘Las Boas' en Vila, se negó a abandonar las instalaciones, ante la incredulidad de sus propietarios y el silencio de la administración.
«Después de la sentencia, hemos reclamado nuestros derechos sin que nadie nos hiciera caso hasta que en 2013 Costas abrió un expediente sancionador», lamenta Ferrer, que añade que Life Ports, hizo caso omiso de los requerimientos de Costas e incluso quebrantó el precinto de las instalaciones para explotar el puerto durante la pasada temporada, dándose incluso algunos episodios violentos entre ex empleados de Life Ports y socios de Puerto Coralmar con resultado de lesiones que se encuentran pendientes de juicio.
Ahora, con el permiso provisional de Costas, los propietarios han podido acceder a las instalaciones, que denuncian que han encontrado «totalmente abandonadas, con los servicios cortados y todo arrancado» lo que les obligará a invertir unos 50.000 euros dejarlos en unas condiciones mínimas para iniciar su explotación. «Haríamos muchas más mejoras, pero no con una autorización de un año», afirma Ferrer.
Hacia delante
Sin embargo, el administrador de Puerto Coralmar prefiere pasar página cuanto antes al pasado y mira hacia el futuro con cierto optimismo, ya que considera que ante una hipotética concesión los propietarios parten con una clara ventaja: «Nosotros podemos ceder el terreno gratuitamente al Estado, de hecho así lo ofrecimos en 2002, mientras que la oferta de cualquier otro aspirante siempre será menos competitiva e incluso difícilmente viable o amortizable, ya que debería hacer frente a la expropiación de los terrenos» que Puerto Coralmar cifra en unos dos millones de euros en base a la tasación realizada por una empresa de arquitectura al tratarse de «suelo urbano en primera línea» y con unas instalaciones portuarias ya construidas.
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