Imagen de archivo de una concentración de trabajadores en las puertas de la embotelladora de Coca-Cola en Palma. | Pere Bota

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Coca-Cola Iberian Partners, la embotelladora de la conocida marca de refrescos, que afectaba a 1.190 empleados, 70 de los cuales eran de Balears, y que supuso el cierre de cuatro plantas, entre ellas la de Palma. El fallo de la Audiencia supone la reincorporación de los trabajadores afectados a sus puestos de trabajo.

La noticia, que transcendió ayer a mediodía, sorprendió y alegró a los trabajadores afectados, que todavía no conocen los detalles de la sentencia. Así lo indicó Tomeu Pizá, miembro del comité de empresa (UGT) en las Islas. Expresó su satisfacción y recordó que los trabajadores lucharon para conseguir que no se cerrase la planta e indicó que, en principio, «queda anulada cualquier decisión tomada en la empresa a partir del 21 de enero».

Demandas

La compañía ejecutó finalmente 821 despidos de los 1.190 que contemplaba el expediente, los cuales deberán ser readmitidos por la empresa con el abono de los salarios dejados de percibir. De esta forma, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima las demandas de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F contra la decisión de la empresa de aplicar el ERE.

La resolución de la Sala explica que el origen del conflicto previene de la fusión de las ocho embotelladoras que la marca tenía en una sola, en un proceso de integración del que resultó Coca-Cola Iberian Partners como compañía autorizada para preparar y envasar las bebidas en España y Portugal. Fruto de esa fusión, se pusieron en marcha una serie de ajustes que le permitieran un ahorro de costes, entre los que figuraba reducir la plantilla y el cierre de cuatro plantas.

Coca-Cola Iberia anunció ayer que el embotellador único, Coca-Cola Iberian Partners, recurrirá la sentencia e indicó que, al no ser firme, no supone la reincorporación de los empleados. En un comunicado, la empresa aseguró que el fallo supone la «innecesaria prolongación» del proceso de reestructuración y que provocará una situación de «incertidumbre» en aquellos trabajadores que «libremente» se acogieron en su día a las medidas de bajas incentivadas, prejubilaciones y recolocaciones que el embotellador les ofertó.