El Tribunal Supremo verá los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Palma que condenó a 16 años de prisión al exconseller balear de Comercio Josep Juan Cardona como máximo responsable de una trama que cobró comisiones y falseó contratos para saquear millones de euros de fondos públicos.
Fuentes del Supremo han informado de que la vista del denominado caso Scala se celebrará pasado mañana miércoles a las diez y media de la mañana en la Sala de lo Penal del tribunal.
Cardona ingresó el 30 de julio del año pasado en la prisión de Eivissa por orden de la Audiencia de Palma, que le impuso entonces la mayor pena por corrupción contra un político en España.
La Audiencia había condenado días antes en este caso a dieciséis personas e impuso la pena referida con el consiguiente ingreso en prisión al exconseller popular por los delitos de asociación ilícita, malversación continuada de caudales, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y falsedad.
Los otros tres condenados con penas que suponen encarcelamiento fueron el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene (5 años y 5 meses), la exgerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (Cedeib) Antonia Ordinas (3 años y 8 meses) y el contratista de este organismo y exconcejal del PP en Lloseta Felipe Ferré (3 años y 3 meses).
Además de los citados, fueron condenadas a penas que no comportan ingreso en prisión otras doce personas con diferente implicación en los numerosos hechos delictivos descritos en la sentencia.
Entre ellos está Isabel Rosselló, la pareja de Antonia Ordinas, condenada a 18 meses de cárcel y multa de 300.000 euros y cuya condición de cantante soprano inspiró a los investigadores a bautizar el caso como Scala, en honor al teatro lírico de Milán.
A nueve de los condenados se les impuso distintas multas que van desde los 2.600 del contratista Jaume Gil, a quien la Audiencia impone 20 meses de prisión, a los 2.255.537 euros de Josep Juan Cardona.
Las otras sanciones más cuantiosas corresponden a Kurt Viaene, con 700.000 euros, y a Antonia Ordinas, con 500.000, y en total las multas impuestas suman casi 4,1 millones de euros.
Además, los principales responsables de la trama de corrupción en torno al Cdeib tendrán que indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la comunidad autónoma de Baleares por los fondos sustraídos de las arcas públicas.
Las cantidades a las que tendrán que responder solidariamente, en su mayoría impuestas a Cardona, Viaene y Ordinas, suman 6 millones de euros.
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