En declaraciones en los pasillos del Parlament, la portavoz de la entidad, Margalida Ramis, ha explicado que, con esta normativa, el PP se hace «cómplice de la indisciplina urbanística» al permitir la legalización de las viviendas ilegales en suelo rústico.
Asimismo, ha señalado que la «amnistía» ofrece un «mal mensaje» precisamente en Baleares, la comunidad en la que se han encarcelado a «muchos altos cargos» por cuestiones de corrupción urbanística vinculadas a obras ilegales.
Así, ha lamentado que el Ejecutivo haya perdido la oportunidad de hacer una ley integral que aborde tanto el suelo rústico como el urbano para «poner orden, límites al crecimientos y los estándares de la calidad». No obstante, el texto aprobado «implica una amnistía en suelo rústico cuando es una ley que no entra en el suelo rústico, es paradójico», ha calificado.
Ramis ha señalado también que la norma «contenta a muchos promotores y propietarios de suelo» porque les da «facilidades para continuar con el crecimiento de suelo». «Las fórmulas son las mismas que llevaron al 'boom inmobiliario' y a la crisis», ha añadido.
Finalmente, ha explicado que, si bien puede que actualmente no haya «capacidad inversora» para llevar a cabo estos crecimientos, el Govern está poniendo «a disposición el terrotiro». «Se ponen todas las facilidades para que se siga desarrollando la actividad especulativa a merced del territorio, que cuando se recupere, Mallorca vuelva a quedar a la venta con estas disposiciones que se han hecho», ha concluido.
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