Urdangarin pudo usar su vínculo con el Rey para delinquir, según la Audiencia

Entre ellas, el magistrado-ponente de la Sección Segunda Diego Gómez-Reino, menciona los contratos con las administraciones publicas «al margen de los procedimientos establecidos», o que encubrían subvenciones ilegales, eventos organizados para malversar fondos públicos o el cruce de facturas simuladas a través de sociedades interpuestas.

También, añade la «defraudación tributaria, el blanqueo de parte de esos fondos, y que según parece habrían ido a parar a sociedades radicadas en paraísos fiscales». La Audiencia, asimismo, rechaza en el auto incorporar al ‘caso Nóos', la declaración que Urdangarin realizó a puerta cerrada en un juzgado de Barcelona en una demanda de protección al derecho de honor contra Diego Torres, y determinados correos electrónicos publicados por una revista.

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En el auto, se admite que las pruebas solicitadas «son objetivamente pertinentes», porque guardan relación con los hechos investigados, pero «en este momento procesal no se presentan necesarias en el sentido de considerarlas útiles y eficaces», precisa.

Torres solicitó que se admitieran las pruebas solicitadas con el objetivo de acreditar que todo lo que hacía Urdangarin, incluso los correos internos que le remitía, «eran supervisados por los servicios de seguridad del Estado».

Por ello, intenta demostrar que «en todo momento actuó en la confianza y creencia» de que su actuación se hallaba «siempre dentro de la legalidad».