El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, se ha comprometido a hacer «todo lo que esté en su mano para controlar que las evaluaciones de impacto» de las prospecciones petrolíferas en Baleares «cumplan la normativa europea», según ha explicado el consejero balear de Medio Ambiente, Gabriel Company, al término del encuentro que han mantenido en Bruselas.

Company ha asegurado que el comisario se ha mostrado «muy receptivo» a las propuestas que le han planteado junto con los presidentes del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Serra y Jaume Ferrer del de Formentera en declaraciones a la prensa al término del encuentro, que se ha prolongado durante cerca de hora y media.

Aunque Potocnik les ha dejado claro que las prospecciones petrolíferas son competencias de los Estados miembros sí se ha comprometido a «estar vigilante» y «solicitar que se cumpla estrictamente y de forma rigurosa la normativa europea en cuestiones medioambientales».

El Gobierno balear también le ha reclamado que en un caso «muy particular» que afecta a un mar «cerrado» como el Mediterráneo «sería conveniente» que la Unión Europea asuma las competencias de evaluación medioambiental «en proyectos que son pluriregionales» dado que si «cualquier país» de la UE o del Norte de Africa decidiera hacer este tipo de prospecciones «el efecto seguramente tendría rebote en todo el Mar Mediterráneo» y pueden «afectar de forma casi igual a todo el Mediterráneo», una propuesta que ha visto «con mucha simpatía» pero con «recorrido a medio y largo plazo».

Company ha rechazado que el Gobierno de Mariano Rajoy «no sea receptivo» a las reivindicaciones del Gobierno balear y ha insistido en que ayer el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, con el que habló ayer, «es receptivo y está preocupado».

«Se comprometió, también como ha hecho hoy el comisario de Medio Ambiente, a que las evaluaciones de impacto medioambiental sean muy rigurosas y que científicamente y técnicamente se comprueben todos los efectos posibles negativos que haya» aunque desde el Gobierno «no van a incumplir» la normativa ni la legalidad, ha explicado el consejero.

Company ha reconocido entender al ministro de Industria, Manuel Soria, que «defiende unas posturas más alineadas en la explotación de recursos» y quien le justificó en una carta que «incumplir» el real decreto ley tras autorizar el anterior Gobierno en 2010 las «malditas» prospecciones «podría suponer prevaricación -y así me lo ha dicho por carta el ministro Soria- y si no supondría indemnizaciones multimillonarias» a las empresas.

«Cuando un político se encuentra con un Real Decreto ley publicado pues muchas veces no le queda más remedio» que cumplir, ha admitido. «Pero tiene que entender en este caso el ministro de industria, que también lo es de Turismo, con lo cual me imagino que ahí los sectores chocan, que el peor negocio que podría hacer sería tirar para adelante con prospecciones petrolíferas», ha recalcado.

Por su parte, Serra también ha destacado la «receptividad» del comisario a sus reivindicaciones y su compromiso «personal» de controlar la tramitación administrativa de «todas las alegaciones» que han presentado contra los proyectos de prospección petrolífera.

POSIBLE QUEJA POR FRAGMENTAR LA EVALUACION DE IMPACTO

Así, ha avanzado que desde el Consell Insular d'Eivissa conjuntamente con la organización ecologista Alianza Mar Blava, el Consell Insular de Formentera «e incluso con el Gobierno balear» remitir una «queja» al Ejecutivo comunitario «por trasgresión» de la directiva europea «que exige la evaluación de impacto global y no fragmentada» y «no únicamente como está haciendo el Gobierno español» de «uno solo de los proyectos».

Serra ha defendido que «la suma de los tres proyectos» de prospecciones podrían tener «consecuencias muy importantes» para Baleares y todo el Mediterráneo y ha exigido «el cumplimiento de la normativa europea que exige la evaluación no solamente de todo el proyecto sino de todos los proyectos que concurren en la misma zona» y «no fragmentada para que el impacto ambiental parezca menor». Además, es «lo que nos va a dar una verdadera dimensión de lo que puede llegar a ser esta barbaridad», ha insistido.

«Seguimos en la línea de reforzar los argumentos medioambientales que son los únicos que según, nos dijo el Ministerio, pueden parar esta barbaridad», ha defendido.

REFERENDUM, UN BRINDIS AL SOL

Preguntados por la posibilidad de pedir autorización al Estado para convocar un referéndum como ha hecho el Gobierno canario sobre las prospecciones autorizadas en torno a aguas de Lanzarote y Fuerteventura, Company ha dejado claro que el Gobierno balear no se plantea «ninguna consulta pública», algo que ha calificado de «brindis al sol y ganas de marear la perdiz, políticamente hablando».

«Y nosotros ganas de marear perdiz no tenemos ninguna. Tenemos el objetivo muy claro, tonterías las justas. Yo entiendo que el Gobierno canario está preocupado. El Gobierno canario inició caminos jurídicos desde hace años, ha ido perdiendo las causas», ha admitido con todo.

NO PRECISAN SI CREEN QUE LOGRARAN PARALIZAR LAS PROSPECCIONES

El consejero de Medio Ambiente no ha querido avanzar si creen que tras los últimos contactos con el Gobierno central y la Comisión Europea podrían paralizar las prospecciones finalmente ni otras posibles vías alternativas para paralizarlas.

Company ha dejado claro no obstante que ahora «se está mirando todo con muchísima más lupa» gracias a los esfuerzos conjuntos y que en 2010 cuando se autorizaron «no se montó el revuelo de ahora».

«En estos momentos Madrid tiene clarísima la postura de las islas Baleares y de todos los Consejos Insulares y del Parlamento balear que por unanimidad, en dos ocasiones, ha tirado para adelante con dos proposiciones no de ley diciendo claramente Baleares no quiere estas prospecciones petrolíferas y Madrid tiene conciencia», ha insistido.

Company ha dejado claro que Baleares tiene su negocio «que es el turístico». «Y ese que nos quiere imponer (el Gobierno) es contrario al nuestro», motivo por el cual seguirán defendiéndose «como gato panza arriba».

En el caso de buscar vías alternativas, Company ha dejado claro que de momento lo que está «sobre la mesa» es «ralentizar todo lo posible este proceso y exigir las máximas garantías a nivel medioambiental».

En la reunión con el comisario, también han participado la consellera de Eivissa de Movilidad, Interior y Medio Ambiente, Josefa Costa, el conseller de Formentera de Presidencia, Hacienda y Territorio, Bartomeu Escandell, el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, José Carlos Caballero, el biólogo del Consell de Eivissa, Jaume Estarellas y los representantes de las organizaciones ecologistas Alianza Mar Blava y Oceana, Carlos Bravo, y Nicolás Fournier, respectivamente, además de la eurodiputada popular, Rosa Estaràs.