Así lo ha puesto de manifiesto a los medios a su llegada a los Juzgados de Via Alemania de Palma, donde numerosos cámaras y redactores se encuentran congregados con motivo de los interrogatorios previstos a lo largo de esta jornada.
Junto a estos peritos, el magistrado también tomará declaración al propuesto por el sindicato Manos Limpias para rebatir las consideraciones del fisco, a la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia de la Policía Nacional en Baleares, y a los representantes de siete empresas para las que Urdangarin realizó asesorías que facturó a través de Aizoon.
El magistrado ha llegado a los Juzgados a primera hora de la mañana, mientras que a partir de las 9.00 horas han ido haciendo acto de presencia el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, los abogados de la Infanta, entre ellos Jesús María Silva y Jaime Riutord, el de Urdangarin, Mario Pascual Vives, el del expresidente del Govern Jaume Matas, Antonio Alberca, y otros abogados de las partes personadas en la causa.
En lo que a los inspectores de Hacienda se refiere, éstos pusieron de manifiesto en un informe que no existe «un sólo indicio incriminatorio» respecto a la hija del Rey Don Juan Carlos «más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon».
La AEAT sostiene que ni siquiera al inspeccionar la actuación «fraudulenta y evasora» del Duque de Palma, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad por parte de su mujer.
Sin embargo, a juicio de la Audiencia Provincial de Baleares, que en mayo de 2013 abrió la vía para que la Infanta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios de Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió, de forma presuntamente irregular, ingentes cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
Los peritos de la AEAT, citados a petición de la Fiscalía Anticorrupción a fin de que puedan someter a ratificación o contradicción sus informes, deberán arrojar luz asimismo en torno a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una de las sociedades instrumentales del exsocio de Urdangarin Diego Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta puesto que el importe no habría sido declarado en el impuesto de sociedades.
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