Imagen del pleno celebrado ayer en las instalaciones del Ayuntamiento de Sant Antoni. | (c) Sergio G. Canizares

El equipo de Gobierno de Sant Antoni aprobó ayer sus cuentas para el año que viene en las que gestionará 23,2 millones de euros (un 2,85% más que este año) y dedicará a inversiones 2,1 millones de euros. Tanto la alcaldesa del municipio, Pepita Gutiérrez, como el concejal de Hacienda, Vicent Ribas, destacaron que se tratan de unas cuentas «austeras» en las que no hay «ingresos ficticios» y que demuestran que la economía de Sant Antoni «está saneada».

Para la oposición formada por PSOE-Pacte y el PI, sin embargo, son «decepcionantes», entre los principales motivos, porque de los 2,1 millones de euros previstos para inversiones alrededor de un millón se destinará a pagar las expropiaciones por la construcción de la actual parada de autobús. «Tenemos que pagar alrededor de un millón de euros este año por una mala gestión del equipo de gobierno anterior, ¿por qué no se pagaron antes», preguntó el concejal del PSOE-Pacte José Antonio Fuentes al titular de Hacienda, quien recalcó que «las indemnizaciones se pagan cuando hay acuerdo o sentencia firme y nuestra obligación es pagar». Por su parte, Juanjo Ferrer, del PI, destacó que el 51% de incremento en inversiones que afirma el equipo de Gobierno que habrá en las cuentas del año que viene «no son inversiones reales porque se dedican a pagar expropiaciones, cosas pendientes, por lo que realmente habrá menos dinero para inversiones que este año», precisó. La alcaldesa pidió el apoyo a la oposición a la hora de votar las cuentas, sobre todo porque, según afirmó, PSOE-Pacte y el PI, no habían «hecho ninguna propuesta». Las críticas de la oposición también se centraron en las bonificaciones del 50% previstas en el IAE a las que podrán acogerse aquellos hoteles que abran más de ocho meses. Fuentes destacó que se trata de una medida «pobre» y que se debería apostar más por los pequeños y medianos hoteleros. Criticaron, además, la bonificación del 90% en el IBI para aquellas familias con una persona discapacitada a su cargo cuando «el PP se ha cargado la Ley de Dependencia», comentario que el titular de Hacienda tachó de «hacer populismo».