La Direcció General de Treball i Salut Pública, que dirige Nofre Ferrer, gestiona casi 5 millones de euros en ayudas para incentivar la contratación de personas de los colectivos más vulnerables.
Se trata de dos líneas de subvenciones, una destinada a la integración laboral de personas con discapacidad y la otra a incentivos a la contratación de personas pertenecientes a colectivos calificados como ‘prioritarios'.
La integración laboral de personas con discapacidad se puede llevar a cabo en centros especiales de empleo o a través del mercado ordinario de trabajo.
Las subvenciones destinadas a los costes salariales de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo equivalen al pago del 50% del salario mínimo interprofesional y las destinadas a eliminación de barreras arquitectónicas son de 1.805 euros por puesto de trabajo adaptado.
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