Los constructores aseguran que la lentitud de algunas administraciones a la hora de conceder licencias de construcción es «excesiva» y que ello contribuye a frenar la inversión en momentos de crisis como este. La presidenta de la Asociación de construcción y derivados de la Pimeef, Consuelo Antúnez, y otros miembros del colectivo se reunieron esta semana con el presidente del Consell para transmitirle esta preocupación.

«Nos quejamos de que los plazos se dilatan mucho y particularmente en algunos ayuntamientos las peticiones quedan almacenadas en una mesa y se eternizan, mientras que en otros lo resuelven rápido», explicó Antúnez, que aseguró que el de Sant Josep es el que lleva más retraso a la hora de dar permisos. «Por ejemplo comentamos el caso de una licencia que se había pedido para construir en una piscina en una zona completamente legal y sin ningún problema que se podría haber resuelto en un mes y llevan ya casi cinco meses esperando la licencia», relató la presidenta de los constructores, que indicó que el presidente del Consell se comprometió a tratar este tema en el Consell d’Alcaldes.

Antúnez recordó que hay permisos más complicados, por ejemplo los que tienen que pasar por otras administraciones por estar en zona de Costas, seguridad aérea o de torrentes (por lo que tienen que ser informados por Recursos Hídrics). «En estos casos simplemente que agoten los dos meses que tienen para informar ya se hace muy largo, pero ante eso no se puede hacer nada y desde el Consell nos dicen que ven muy complicado poder agilizarlo porque cada vez hay más normativas que cumplir», señaló la presidenta de los constructores.

Consuelo Antúnez consideró que todos estos retrasos son «un problema» porque la gente de fuera que quiere hacerse una casa aquí no se atreve por ejemplo a comprarse un terreno para construirlo porque «se puede dilatar hasta siete años». «Esto nos perjudica porque la gente no viene a eso. Esas obras ahora no se hacen y sobre todo lo que se vende son parcelas que ya tienen licencia y que se pueden empezar a construir ya o viviendas que tienen 30 o 40 años para reformar», explicó la presidenta de los constructores, que indicó que no solo hay problemas en las licencias de obra mayor, sino también en las de obra menor. «El campo de las reformas es muy interesante pero también hay problemas. Al final si las administraciones ponen tantas pegas los ciudadanos optan por construir sin permiso, lo que ni aporta dinero a los ayuntamientos, ni a las empresas que somos legales y solo fomenta la economía sumergida», añadió.