La Audiencia Provincial ha obligado al Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa a realizar una serie de pruebas solicitadas por el abogado del exsocialista Roque López dentro del caso Eivissa Centre, que investiga el presunto cobro de comisiones por parte de altos cargos del PSOE ibicenco en la legislatura 2003-2007.

La Audiencia revoca un auto de la jueza de Eivissa y califica las pruebas solicitadas por el letrado de López, Andrés Tuells, de «total pertinencia». Además, considera que la motivación empleada por la magistrada «no resulta suficiente ni convicente» y que se limita a presentar resoluciones judiciales y artículos legales sin concretar en qué medida las pruebas pedidas por Tuells no guardan relación con el proceso.

En principio, la jueza de Eivissa argumentaba que la finalidad de estas diligencias (todas relacionadas con la construcción del edificio junto a Joan XXIII) excedían el ámbito de la causa, «como se ha dicho por activa y por pasiva», ya que lo que se investiga son los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, por lo que no tienen importancia los términos técnicos de la obra. Sin embargo, la Audiencia indica que las especificaciones de la obra y los detalles técnicos podrían ser de «sumo interés» aunque solo se investigara estos tres delitos. Pero es que además recuerda que la Audiencia mantuvo la imputación del exalcalde socialista Xico Tarrés por posible falsedad documental por la firma de obra nueva de ese edificio y en el auto en el que se hacía «se mencionaba expresamente la posible sobreedificación e incluso la posibilidad del cobro de comisiones ilegales relacionadas con este proyecto urbanístico por parte de dos partidos mayoritarios».