Este ha presentado hoy alegaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB en las que le pide que remita un requerimiento urgente a la consellera de Educación, Joana María Camps, para que acate íntegramente el auto dictado el pasado viernes, que suspendía cautelarmente el anexo del TIL que se refiere al calendario de aplicación.
La organización sindical reclamado que la Conselleria tome «las medidas oportunas para que en el curso escolar 2013-2014 no sea de aplicación el TIL hasta que haya sentencia definitiva, sin que el decreto ley 5/2013 pueda ser invocado, por desobedecer al Tribunal, con las advertencias legales en el caso de no obedecer a la autoridad judicial».
En el documento presentado se recuerda que por tratarse de suspensiones cautelares «hay que exigir a la Administración afectada el acatamiento inmediato de la decisión judicial».
Para UGT, la actuación de la Conselleria no puede ser otra que suspender el calendario de aplicación del TIL y en cuanto a las alternativas académicas a esta situación entiende que se deberían aplicar los criterios vigentes en el curso escolar anterior hasta que haya sentencia definitiva.
Además, hace constar en las alegaciones que es de «público y general conocimiento que la administración autonómica, lejos de acatar la decisión judicial y precisamente para desobedecer la misma, aprobó a las pocas horas el decreto ley 5/2013, cuyo objeto es obligar a la aplicación del TIL conforme al anexo suspendido por el tribunal».
«En esta comunidad ya se regula incluso por decreto ley la movilidad de los funcionarios. La Constitución Española y la división de poderes aquí ya sólo está vigente en los manuales de historia del Derecho», añade el escrito de UGT.
Pulso
UGT considera: «Nos estamos jugando el Estado de derecho de una forma definitiva y la actitud del Govern ya no es un menosprecio a los sindicatos recurrentes (que conforme a la Constitución española tienen una legitimidad democrática al mismo nivel que los partidos políticos) sino un pulso a un órgano jurisdiccional».
Por todo ello, pide al TSJIB que requiera «de forma urgente e inmediata a Jona María Camps que acate expresamente la decisión judicial y que la administración no pueda acogerse al decreto ley 5/2013 para justificar la desobediencia al tribunal, «con las consecuencias legales en caso de desconsideración al orden jurisdiccional».
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